La Diputación de Granada ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investiga el caso de las supuestas contrataciones irregulares durante el anterior mandato en la institución (PSOE-IU) en la feria empresarial 'Mercamed' en Tetúan y el proyecto de un museo en Chaouen, en Marruecos, ha ampliado su denuncia a seis empresarios más y a la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo.

Si el magistrado Miguel Ángel del Arco acepta esta ampliación, el número de imputados, por delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental, pasaría a un total de 21, incluyendo a cargos o excargos públicos, como el exvicepresidente de la Diputación y actual secretario provincial del PCE, Julio Bernardo, o el exdirector del área de Cultura en la corporación durante el anterior mandato Jorge López.

Según ha afirmado este martes en rueda de prensa la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, lo que une a Pérez Cotarelo a la supuesta "trama" es el documento por el que Bernardo delegó en la diputada facultades de seguimiento de Magrec y un contrato posiblemente ilegal que suscribió a través de una empresa intermediaria para el alquiler a un particular de una casa en Chaouen para instalar el museo, cuyo proyecto elaboró la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también imputada en la causa.

En el caso de los seis empresarios —cinco de Madrid y uno de Granada—, entre los que figuran los tres que interpusieron la denuncia contra Sádaba —posteriormente archivada—, la Diputación ha encontrado expedientes con "presupuestos de dudosa legalidad" y contrataciones por tanto posiblemente irregulares.

Por todo, el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Torrente, ha pedido a IU que se pronuncie y que asuma su "responsabilidad política" en el caso, y ha reclamado a Pérez Cotarelo que abandone "el silencio de la cordera". Asimismo, ha criticado que aquellos que "defienden los derechos de los que menos tienen", cuando llegan al gobierno se dediquen "a esquilmar el presupuesto público".

El presunto fraude podría ascender a más de 500.000 euros, por lo que Torrente se ha preguntado cuántos puestos de trabajo se podrían haber creado con ese dinero o a cuántos empresarios de la provincia se podrían haber beneficiado.

La Diputación presentó la ampliación de su denuncia el pasado mes de julio y está a la espera de que el Juzgado le dé una respuesta de la admisión o no de la misma. Por ahora, el magistrado ya ha tomado declaración a cinco de los imputados y la segunda tanda de comparecencias ha sido fijada a partir del 17 de septiembre.

Concretamente, y según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado ha reservado cinco días de septiembre (17, 18, 19, 26, 27) y otros cuatro de octubre (1, 8, 9 y 10) para el interrogatorio de los imputados, entre los que figuran técnicos y empresarios.

El exvicepresidente de la Diputación declarará el 1 de octubre y el exdirector de área de Cultura, Jorge López, cuya comparecencia, prevista inicialmente para el 26 de junio, fue aplazada 'sine die', lo hará el 19 de septiembre. Además, se han citado como testigos a otras tres personas para el 15, el 16 y el 17 de octubre.