Lograr una indemnización millonaria y luego renunciar a ella. Carlos Dívar, expresidente del Consejo General del Poder Judicial, que dimitió de su cargo el 21 de junio, tras ser acusado de malversación de caudales públicos por unos viajes a Marbella pagados con dinero público, ha renunciado a cobrar la indemnización de 208.243 euros que le correspondía en función de su cargo.

Con esta decisión, Dívar pasaría a cobrar simplemente su pensión al encontrarse ya jubilado y que, según las mismas fuentes, asciende a algo más de 2.000 euros mensuales. Pese a que la indemnización cumplía todos los requisitos legales exigidos, todas las asociaciones judiciales reprobaron el hecho de que Dívar pudiera cobrar ese dinero. Parece que en tiempos de crisis lo legal no es suficiente si no es ético. La decisión de Dívar ha sido adoptada antes por políticos y banqueros.

Un total de 64 ex altos cargos de la administración general del Estado renunciaron a sus "cesantías" de manera directa o por no haber contestado al requerimiento del Ministerio de Hacienda, lo que supuso un ahorro de 4,7 millones de euros, mientras que otros 21 prefirieron seguir cobrándola.

La mayoría de los ex altos cargos del Gobierno socialista, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, renunciaron a esta indemnización, que se eleva a un 80% del salario percibido durante el tiempo al frente de esa responsabilidad, con un máximo de dos años. De los miembros de su gobierno, tan solo la extitular de Cultura Ángeles González-Sinde, no afiliada al PSOE, no renunció a la indemnización.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, pidió al banco que no aplicase la cláusula de concurrencia de su contrato, que evita que pueda trabajar en cualquier entidad financiera en los próximos dos años, con lo que renunció formalmente a la posible indemnización de 1,2 millones de euros que le correspondería. Rato comunicó a su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, la renuncia explícita a ese posible pago.

También el exvicepresidente de Bankia, Francisco Pons, renunció a "cualquier posible indemnización o compensación económica" que le pudiese corresponder por la extinción de su relación mercantil con la entidad financiera. El presidente de Importaco y expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) remitió un escrito al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para comunicarle su decisión.

El presidente de Bancaja, José Luis Olivas, tampoco recibió indemnización tras dimitir como vicepresidente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de Bankia, pero sí accedió a los derechos de pensión adquiridos, según informaron fuentes próximas al consejo de administración de estas entidades. Los derechos en forma de planes de pensiones o ahorros ligados al retiro o jubilación ascienden a 2,9 millones de euros anuales para los tres primeros ejecutivos de Bankia: el presidente, Rodrigo Rato; el consejero delegado, Francisco Verdú, y el vicepresidente, José Luis Olivas.

El consejo de administración de Bancaja aceptó la decisión de Aurelio Izquierdo, director financiero de la entidad, de renunciar a sus derechos de prejubilación, derivados del contrato suscrito con motivo de su nombramiento como director general en septiembre de 2007. El director financiero de Bancaja tenía unos derechos de pensión acumulados por importe de 13,9 millones de euros que podría ejercer cuando dejara la entidad. En concreto, Izquierdo renunció a los derechos de prejubilación, que ascendían a un importe de 6,3 millones de euros, mientras que mantuvo los derechos sobre su pensión de jubilación, que suponen un total de 7,6 millones de euros, informaron fuentes de la entidad.

Un equipo de NovaCaixaGalicia, que negoció con exejecutivos de la caja para intentar solucionar la polémica desatada por la millonarias indemnizaciones, llegó a un acuerdo con el antiguo director general adjunto de la entidad, Javier García de Paredes, para que renunciase "a la mayor parte" de su indemnización. Las negociaciones, sin embargo, se rompieron con el que fue director general, José Luis Pego.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 25 de junio una querella ante la Audiencia Nacional contra el ex co-presidente y cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia, por administración desleal y apropiación indebida de al menos 7,8 millones de euros, en concepto de indemnizaciones por prejubilación, que se adjudicaron sin autorización del Consejo de Administración ni del Banco de España. Los querellados son los ex directivos José Luis Pego Alonso, Oscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán Lanza y Francisco Javier García de Paredes Moro.

En el otro lado de la balanza está también la exdirectora general de la Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós. Tras ser depedida de forma fulminante por el Banco de España por falsear los balances de la caja, Amorós reclamó una indemnización extra de 10 millones de euros, además de una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales. Sin embargo, la magistrada Mari Paz Fernández, titular del Juzgado número 4 de lo Social de Alicante, desestimó la demanda laboral de Amorós, que se quedó sin indemnización  ni pensión.

Además, la ex directiva, despedida por buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente, está imputada por presunta estafa, manipulación del precio de las cosas y otros delitos societarios. La CAM emitió cuotas participativas y participaciones preferentes, de las que se calcula que hay 50.000 afectados.