Montero insiste que la atención sanitaria a los inmigrantes está garantizada por motivos humanitarios y de salud pública

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha vuelto a subrayar que la atención sanitaria que se dispensa a los inmigrantes en situación irregular en la comunidad seguirá estando garantizada por motivos "humanitarios, de salud pública" e incluso "por un posterior aumento de los costes económicos" que se derivarían de los tratamientos de enfermedades no tratadas a tiempo, tras la entrada en vigor el 1 de septiembre de la norma estatal que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. Esta norma dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha vuelto a subrayar que la atención sanitaria que se dispensa a los inmigrantes en situación irregular en la comunidad seguirá estando garantizada por motivos "humanitarios, de salud pública" e incluso "por un posterior aumento de los costes económicos" que se derivarían de los tratamientos de enfermedades no tratadas a tiempo, tras la entrada en vigor el 1 de septiembre de la norma estatal que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España. Esta norma dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

En una entrevista en el programada de Canal Sur Radio 'La hora de Andalucía', que recoge Europa Press, Montero ha reiterado de igual forma que la frecuencia de esta población inmigrante a los centros de salud es "muy baja", hasta el punto de que "sólo representan el 0,6 por ciento de las consultas totales que se llevan a cabo en los centros de atención primaria" de la comunidad.

En la misma línea, también ha recordado que su afluencia a los servicios de urgencias respecto al resto de la población nativa o en situación regularizada "solo representa un 2 por ciento". Para la titular del ramo, esta escasa frecuentación a los servicios sanitarios de la comunidad responde a la "creencia y miedo" que aún sufren estos inmigrante en situación irregular "que piensan que al dar sus datos administrativos para ser atendidos pueden ser denunciados y expulsados del país o tener que hacer frente a los pagos de su asistencia".

Además, ha recalcado que la atención a esta población diana "no sólo se trata de un problema de humanidad, sino de un problema de salud pública si no se tratan a tiempo con la aparición incluso de enfermedades ya erradicadas".

"Yo siempre digo que los virus no entienden de fronteras", ha resumido Montero, quien ha advertido de que "si se produce una enfermedad y no se controla en una zona, ello puede tener repercusión en esa zona, además de que costará más dinero una posterior atención a estas personas".

En cuanto al pago de los medicamentos, Montero ha preferido esperar a ver como se comportan los datos del gasto farmacéutico en los próximos meses, si bien ya ha mostrado su temor de que la bajada ya experimentada "pueda deberse por causa mas o menos directa del copago".

"Puede ser porque las personas no retiren las medicinas de sus farmacias porque no les llegue la pensión, sobre todo, en las comunidades donde los pensionistas tienen que adelantar el dinero de esos fármacos", ha concluido.

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