Los grupos parlamentarios han presentado un total de 57 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes de activación económica en materia de industria y energía y otras actividades, derivado del Decreto Ley que el pasado 17 de julio fue convalidado por el Pleno de la Cámara balear y aprobado su tramitación como Proyecto de Ley, con los votos del PP y el rechazo del PSIB y el PSM-IV-ExM.

Concretamente, el PP ha presentado 13 enmiendas (9 de modificación y 4 de adición), mientras que el PSIB ha planteado 22 (14 de supresión, 5 de modificación y 3 de adición) y el PSM-IV-ExM también ha presentado 22 (12 de supresión, 6 de adición y cuatro de modificación).

A partir de ahora, la tramitación parlamentaria de esta iniciativa corresponderá a la Mesa de la Comisión de Economía, que será la encargada de calificar las enmiendas.

Cabe recordar que el citado Decreto Ley establece un conjunto de medidas para facilitar de manera inmediata la creación de empresas y de puestos de trabajo, según destaca el PP.

Este decreto ley, que fue aprobado por el Consell de Govern el pasado 15 de junio, consiste en un conjunto de medidas urgentes que forman parte del plan de reactivación económica del Ejecutivo autonómico y que se añaden al Plan de Saneamiento Económico-Financiero, la Ley de Emprendedores, los presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Plan de Equilibrio Económico, y el pago a proveedores.

Entre las novedades que introduce este decreto, destaca la "licencia exprés", que simplifica los trámites para la apertura de negocios sobre la base de la declaración responsable, lo que beneficiará al 95 por ciento de los proyectos de nueva apertura. Además incluye un apartado de regularización de las actividades.

Enmiendas del psib

El PSIB ha justificado la presentación de sus enmiendas al criticar que el Decreto Ley "abandona completamente el objetivo inicial de favorecer un cambio de modelo económico y se convierte en un instrumento que dará total libertad al director general de Industria para autorizar grandes instalaciones energéticas en suelo rústico".

En esta línea, el diputado socialista Marc Pons ha precisado que también otorga inmunidad a todas las actividades que en estos momentos se encuentran al margen de la legalidad urbanística y, además, ha denunciado que con la "excusa" de la simplificación administrativa se suprime cualquier tipo de tramitación tan sólo en unas actividades muy concretas en función del interés particular.

Asimismo, ha detallado que las enmiendas socialistas tienen como objetivo que sean los Consells Insulares y los Ayuntamientos los que tengan la última palabra a la hora de otorgar infraestructuras en suelo rústico.

"Tanto el Decreto Ley como el proyecto de Ley tan sólo prevén que sea el Ejecutivo autonómico quien lo decida, sin necesidad de escuchar a nadie y sin tener que pasar por el Parlament para modificar las condiciones", ha criticado Pons. En este sentido, ha subrayado que la alegación del PSIB-PSOE pretende recuperar esta competencia para los ayuntamientos y para los consells si hay declaración de Interés General.