Uno de los objetivos del Gobierno central para el actual trimestre es la redacción de una Ley de Unidad de Mercado, según ha anunciado este lunes en Santander la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha explicado que el objeto de esta ley es establecer unas máximas de actuación en la aprobación de normas por parte de las comunidades autónomas, buscando el beneficio del usuario y del operador económico.

Pero, lo más importante para Sáenz de Santamaría, es que la normativa identificará un procedimiento mediante el cual los operadores jurídicos y económicos puedan exponer "ante un órgano de Estado capacitado para ello" las dificultades económicas o jurídicas que les provoca la dispersión normativa y los problemas de competencia y competitividad derivados de la misma, para poder identificar dónde se producen las quiebras.

Según ha destacado la ministra, se trata de un programa "muy ambicioso", que tiene que concitar no sólo el interés del Gobierno, "que lo tiene", sino de los operadores jurídicos, y en el que "todos debemos ser partícipes a la hora de lograr que nuestro ordenamiento jurídico sea el mejor y el más claro posible".

Ello, ha asegurado, redundará en beneficio de la seguridad jurídica y de la "confianza y credibilidad de nuestro sistema", y logrará una mayor confianza en los operadores jurídicos y más certidumbre en la interpretación y aplicación de las normas.

La ministra se ha pronunciado así en la inauguración del seminario 'Leyes sabias y justas. Una apuesta por la calidad de las leyes', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y en la que también han intervenido el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y coordinador del curso, Benigno Pendás, y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.

Y es que, ha incidido la vicepresidenta, es necesario simplificar la "maraña del ejercicio de competencias" que existe en España, país que tiene una "mayor dificultad" a la hora de dar calidad a las leyes derivada de la pluralidad de agentes con potestad legislativa, en alusión a los parlamentos autonómicos.

Este sistema en el que existen varios centros con capacidad legislativa ha llevado a que el ejercicio de competencias provoque "mayores dificultades" a los operadores jurídicos y económicos para interpretar una norma o abrir un negocio. "Algo está pasando con nuestra unidad de mercado y la elaboración profusa de las normas cuando nos colocamos a la cola de los países a la hora de abrir un negocio", ha observado la vicepresidenta, que ha recordado que el Banco Mundial sitúa a España en la posición 33 de un total de 148 en cuanto a estas dificultades.

Por tanto, ha defendido la necesidad de abordar lo que está pasando con la unidad de mercado tanto en la Unión Europea como en España, una cuestión que "no es baladí" porque una reforma en Europa supondría ampliar la riqueza del conjunto de la Unión en un 4,5% del PIB, y en España, una mejora de la unidad de mercado redundaría en un crecimiento de 45.000 millones de euros en los próximos años.

Compilación del derecho urbanístico

En el mismo sentido de simplificación y seguridad, la vicepresidenta ha destacado la "labor importante" que va a llevar a cabo el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la compilación. Ha anunciado que, por primera vez en su historia, el boletín publicará compilaciones normativas, y al Código de la Defensa, se unirán otras normas, como las relativas al Derecho Civil o de la Competencia.

Y ha avanzado que uno de los proyectos "más ambiciosos" del BOE es aprobar una codificación del derecho urbanístico, porque obligará a averiguar las normas vigentes en el ámbito estatal y recogerá hasta "órdenes del consejero de cada comunidad autónoma".

Estas y otras medidas se encuadran en un contexto de crisis en el que la seguridad jurídica y la calidad de las normas inciden en los operadores económicos, que se encuentran con una "inflación y saturación normativa" que es "insostenible" para un Estado moderno como el español, que está "a la cola" en carga de regulación y eficiencia del marco legal, ha subrayado Sáenz de Santamaría, para quien es necesaria una reforma estructural con el fin de lograr mayor seguridad jurídica.

En este sentido, la vicepresidenta ha dicho que uno de los grandes defectos de la legislación es la yuxtaposición y al respecto ha subrayado el "empeño" de su departamento —una vez se ponga en marcha la unidad de simplicidad normativa que dependerá de su Ministerio,— en lograr que todas las normas contengan una tabla de vigencias y una cláusula derogatoria "lo más amplia posible".

Eliminar el "abuso" de normas ómnibus, aunque eso lleve a aprobar normas de "uno o dos preceptos"; la puesta en marcha de mecanismos de mejora de la tramitación legislativa porque el consenso es "muy respetable" pero hay que buscar "un mínimo de calidad en la aprobación de las normas"; y el retorno a la codificación son otros aspectos necesarios que ha destacado Sáenz de Santamaría.

Por su parte, el rector ha manifestado la necesidad de buscar la calidad en las leyes, y el director del curso ha apuntado que este hecho no sólo es un problema técnico o administrativo sino con un componente político y ético.