Los 15 usuarios de la residencia de mayores Los Montes de Colmenar (Málaga) han quedado realojados en los centros La Vega de Antequera —11— y San Carlos de Archidona —cuatro— tras el proceso iniciado por la Diputación el pasado jueves ante el cese de uso decretado el pasado 17 de agosto.

Este proceso ha tenido lugar en varios tramos: el primero tuvo lugar el pasado jueves a San Carlos; en el segundo, el martes 28, se trasladaron a tres personas, las de movilidad más reducida, a La Vega, siendo necesario el uso de transporte especial del parque móvil de la Diputación; el miércoles se produjo el desplazamiento de otros cuatro usuarios también a La Vega, concluyendo el proceso el viernes 31 con el realojo de los últimos beneficiarios a las mismas instalaciones.

Por su parte, 26 empleados de Los Montes continuarán trabajando en diferentes servicios de la Diputación, según ha informado el ente en un comunicado. De estos, 22 están reubicados desde el pasado sábado, 1 de septiembre, y los cuatro restantes lo estarán a partir del día 8 entre La Vega y San Carlos, los centros Virgen de la Esperanza y Guadalmedina, el Centro Provincial de Drogodependencias, el Centro Infantil y el área de Arquitectura y Urbanismo.

Mejor atención

Con el realojo de estas 15 personas, el Área de Derechos Sociales de la Diputación, dirigida por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, garantiza una mejor atención, según ha afirmado, recordando que con ello se cumple el compromiso adquirido por la institución provincial de ampliar la calidad del servicio ofrecido a los beneficiarios y también de mantener todos los puestos de trabajo "sin excepción".

Desde el ente supramunicipal han indicado que la antigua residencia tenía un coste anual de 1.422.114 euros, lo que equivalía a un gasto de 94.807 euros por cada uno de sus 15 usuarios. El gasto de este servicio es asumido, por tanto, "de forma íntegra" por la Diputación "pese a no ser una competencia propia", han recordado.

Los Montes de Colmenar fue construida como un hotel y comenzó a prestar atención social cuando fue adquirida por la Diputación a mediados de la década de los años 80.

Según las mismas fuentes, este centro no cumpliría los requisitos que establece la Orden de 5 de noviembre de 2007 sobre seguridad y eficiencia en las prestaciones de servicios sociales; y, además, el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) ha ratificado su no adecuación a los requisitos para la evacuación en caso de incendio. Actualmente se baraja la posibilidad de ceder el uso del inmueble al Ayuntamiento para que pueda dotarlo socialmente de otro contenido.