La Junta de Castilla y León apostará por que todos los ciudadanos de fuera del país, tanto residentes como en situación irregular, tengan acceso a las consultas y pruebas diagnósticas de Atención Primaria en la Comunidad así como a tratamiento especializado en los casos en los que presenten riesgo vital.

Así lo ha explicado este sábado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha abordado los detalles sobre cómo se aplicará en Castilla y León el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril en lo referente a la atención y aseguramiento de extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España.

Sáez ha recalcado que lo que se modifica en la norma es el aseguramiento sanitario, "un cambio que deriva sobre todo de la presión que la Unión Europea viene ejerciendo sobre España por ser el único país en el que el hecho de estar empadronado genera la asignación de una tarjeta sanitaria extensiva a cualquier Estado miembro".

Estas cuestiones han sido analizadas en un Informe del Tribunal de Cuentas en el que se concluye que en 2009 fueron atendidos en España más de 600.000 extranjeros cuya asistencia sanitaria no fue facturada a sus países de origen pese a estar prevista tal facturación en las directivas europeas o en los convenios bilaterales suscritos, según han informado fuentes del ejecutivo regional.

El consejero ha señalado también que la Junta, como administración pública, "no puede ni debe hacer objeción ni insumisión a una norma regulada por el Estado" y ha lamentado las propuestas de incumplimiento realizadas por responsables socialistas de la Comunidad.

En este sentido, Sáez ha recordado que el propio Real Decreto garantiza la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica y la atención durante el embarazo, parto y postparto, así como asistencia completa a los menores de 18 años.

PARTICULARIDADES

Por razones vinculadas a la protección de la salud colectiva, los centros de la Comunidad atenderán también a cualquier persona que padezca una enfermedad transmisible. En este caso, la prescripción de recetas se realizaría a través de la modalidad de campañas sanitarias, con una aportación muy reducida, y si se trata de VIH se prescribirá a través de la farmacia hospitalaria.

Mientras, en el caso de Atención Especializada, se atenderán todas las situaciones clínicas que puedan suponer algún riesgo vital para el paciente. De esta forma, se mantendrán los tratamientos de diálisis, oxigenoterapia a domicilio, enfermedades graves o tratamientos frente al cáncer.

En todos los casos se analizará la situación de las personas atendidas en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los servicios sociales básicos con el objetivo de conocer su capacidad económica; se informará, en su caso, sobre los procedimientos para su regularización, y se facilitarán los trámites para la suscripción de los convenios especiales de asistencia sanitaria, cuya regulación se aprobará por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.

Finalmente, Sáez ha reiterado que "las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos".