Los sindicatos SCAT y USO han decidido convocar una huelga indefinida en el sector del transporte escolar de Cantabria a partir del 13 de septiembre ante la "agresión a sus derechos" que, a su juicio, están sufriendo.

Ambos sindicatos han anunciado esta convocatoria, después del apoyo recabado entre los afiliados de este sector en la asamblea celebrada este jueves en el Hotel Villa Pasiega de la localidad de Hoznayo (Entrambasagüas), donde un 92,32 por ciento de los asistentes decidieron respaldar la propuesta de huelga, frente a un 5,76% de abstenciones y al 1,92% que no ha apoyado esta medida.

En una nota de prensa, SCAT ha calificado de "éxito" el volumen de asistencia a esta asamblea, en la que los responsables de ambos sindicatos detallaron los hechos acontecidos hasta el momento en torno al sector, la actual situación, el estado de la negociación colectiva y las reclamaciones de los trabajadores a la Administración y a las patronales del mismo.

Según ha alertado SCAT, la situación es "grave" para los empleos y las condiciones de trabajo de los trabajadores por lo que, a su juicio, "no queda más opción" que la huelga para "defenderse"..

El sindicato pretende trasladar a la Administración Pública que los trabajadores "no son responsables" de acciones que han puesto, a su juicio, "en verdadero riesgo los puestos de trabajo y la estabilidad social y laboral en el sector".

Ha opinado también que la Administración Pública tiene el deber de advertir a los empresarios del sector, a los que ha calificado de "piratas", acusándoles de pretender "reventarlo" bajando el precio de sus servicios a costa de no respetar los derechos económicos, laborales y sociales de los trabajadores del sector, no queriendo subrogarles en ellos".

SCAT ha mantenido que desde la Administración Pública se deben adoptar "decisiones políticas y técnicas en relación a la subrogación del personal en la adjudicación definitiva".

Ante las patronales del sector, el sindicato reclama el desarrollo de la cláusula de subrogación existente en el convenio colectivo "en fondo y forma" con una serie de medidas reivindicativas añadidas a la misma para garantizar la estabilidad, seguridad en el empleo y condiciones económicas, laborales y sociales de la plantilla, con el objetivo —dice— de evitar "despidos innecesarios", expedientes de regulación de empleo y "conflictividad" social y laboral, entre otras circunstancias.