El Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha negado la comisión de ninguna falta por parte de los 50 trabajadores a quien la dirección del ente ha abierto expediente sancionador por interrumpir la emisión del informativo de mediodía de Canal 9 el pasado 16 de julio, cuando se dio a conocer el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 1.295 empleados, que finalmente afectará a 1.198.

En un comunicado, el Comité de Empresa ha calificado de "persecución sindical" y "acoso laboral" la apertura del expediente sancionador a 50 trabajadores de RTVV, entre ellos, la mayoría del Comité de Empresa, por los hechos del 16 de julio, con el argumento de que se produjo "la ocupación del Estudio 3 del Centro de Producción de Progrmas de Burjassot, impidiendo la retransmisión en directo de la informativo Noticias 9 Mediodía".

Según el sindicato, la dirección, en el escrito de comunicación del procedimiento sancionador, especifica que los motivos del expediente son "el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito o falta dolosa dentro de la empresa" y "atentar o impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

De acuerdo con la notificación de la empresa, estos motivos pueden ser constitutivos de una falta "muy grave". Al respecto, los sindicatos han negado que ninguna de las 50 personas citadas haya cometido ninguna de las faltas atribuidas y que, según el Régimen Sancionador del Convenio Colectivo, pueden implicar sanciones que van desde la suspensión de ocupación y sueldo de 21 a 60 días hasta la despedida sin indemnización.

"obstaculizar" la impugnación del ere

El Comité de Empresa considera que la acción de la dirección "está encaminada a amedrentar los trabajadores e impedir la acción sindical en defensa de sus derechos". También sostiene que es "una revancha por no haber conseguido imponernos la firma del ERE en unas condiciones que eran imposibles de asumir". En este sentido, apunta que la acción del grupo está orientada a "obstaculizar que los sindicatos puedan preparar con normalidad la impugnación colectiva del ERE que prevé despedir 1.198 trabajadores".

En esta línea, ha recalcado que la postura de la empresa en este caso "contrasta con la que tuvo en su día con el ex secretario general, Vicente Sanz, al que no le abrieron ningún expediente a pesar de estar acusado por varios delitos de abusos sexuales contra trabajadoras de la casa". Asimismo, ha subrayado que contrasta con la "inacción que está teniendo a la hora de actuar contra el ex director general, Pedro García, imputado en el caso Gürtel" en relación con la contratación de empresas de la trama para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006.