Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha advertido este viernes de las consecuencias de la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir de este sábado, 1 de septiembre, y ha instado al Gobierno de Cantabria a garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas y cumplir así sus obligaciones internacionales.

Según ha opinado Iseco en un comunicado, el Ejecutivo regional "puede y debe" hacerlo desde el Servicio Cántabro de Salud (scs) y "sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo" en colaboración con las organizaciones sociales que, a su juicio, "no garantizaría el mismo nivel de calidad".

Por otra parte, Iseco ha expresado "su más firme apoyo" a las iniciativas puestas en marcha por el personal sanitario de Cantabria y de todo el Estado a favor de la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria.

Ha defendido que el personal sanitario tiene el derecho y la obligación de ejercer una resistencia activa contra una normativa que les obliga a violar sus códigos deontológicos.

En consecuencia, Iseco ha animado a las organizaciones de inmigrantes y a la ciudadanía de Cantabria en general para que se movilice y participe en las campañas abiertas en apoyo de la profesión médica y a favor del derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.

Desde Izquierda Social y Ecologista, se alerta de que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría afectar a la vida y a la salud de miles de personas.

A su juicio, la reforma sanitaria introducida por el Gobierno de España es "profundamente injusta y va a dejar a miles de personas sin posibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico".

Así, Iseco ha acusado al Gobierno de la Nación de estar "saltándose un derecho humano reconocido internacionalmente y recogido por la profesión médica en forma de código deontológico".

Ha advertido de que esta reforma va a suponer, según ha opinado, "un grave retroceso" en términos de derechos sociales fundamentales.

"Se viene a demostrar, una vez más, que este gobierno en su locura reformista está dispuesto a dejar de lado derechos humanos fundamentales como la salud, el trabajo o la vivienda", ha aseverado.

Izquierda Social y Ecologista ha denunciado también la "desvergüenza" que, en su opinión, demuestra el PP "queriendo hacer creer a la ciudadanía que las personas inmigrantes generan un coste económico al sistema de salud superior al que aportan vía impuestos, ocultando al mismo tiempo que la atención de urgencias será mucho más costosa que una atención primaria adecuada".