El PSCL ha denunciado hoy públicamente que los recortes que la Junta aplicará este año a corporaciones locales y diputaciones en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales se elevará a casi 13 millones de euros, lo que, en su opinión, supone un duro revés para las arcas de dichas instituciones, a las que la Administración adeuda no sólo la totalidad de lo adelantado por ellas en el presente ejercicio sino también el 50 por ciento de 2011.

En este sentido, responsables regionales del PSCL en la materia, Marta Olmedo y Jorge Félix Alonso, tras una reunión mantenida hoy en la sede del partido, en Valladolid, con alcaldes y portavoces de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones, han coincidido al acusar a la Junta de actuar además de forma "sibilina" con el fin de que los ciudadanos responsabilicen de esta situación a los propios ayuntamientos y diputaciones.

"La Junta ha comunicado no oficialmente lo que les va a dar pero obliga a los municipios y diputaciones a que por carta se apliquen los recortes correspondientes", ha explicado Alonso, quien ha calculado en unos 12.800.000 euros los fondos que dichas instituciones dejarán de percibir este año, del total de 100 millones que venían percibiendo anualmente, rebaja que no les queda otro remedio que asumir porque "son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas".

Despido de trabajadores

En ese capítulo de recortes, Alonso, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha alertado de que el sector más afectado es el de ayuda a domicilio, con lo que, según su cálculo, del total de 5.000 trabajadores que aglutina, cerca de un 20 por ciento podría perder su puesto de trabajo.

La presente situación, como así ha enfatizado, Marta Olmedo, supone una "grave irresponsabilidad de la Junta, que está incumpliendo sus propias leyes y deja desamparados a ayuntamientos, diputaciones y los ciudadanos con mayor riesgo de exclusión social", de ahí que la pregunta dirigida a la Administración regional sobre dónde están el blindaje y las líneas rojas que no se iban a traspasar la respondiera ella misma de forma rotunda: "Está escondidos tras titulares de prensa que simulan realidades idílicas pero que no son más que compromisos incumplidos del PP y falsedades".

Por su parte, los alcaldes de Segovia y Medina del Campo, Pedro Arahuetes y Teresa López, respectivamente, han recordado además que los municipios no sólo están cofinanciando el treinta por ciento de los servicios sociales básicos sino incluso financiando al cien por cien a la propia Junta, pues están adelantando la parte que corresponde a la Administración regional y que ésta paga con más de un año de retraso.

De hecho, Arahuetes, tras cifrar entre el 8 y 22 por ciento el recorte medio de las ayudas que sufrirá el conjunto de municipios y diputaciones, ha explicado que su Ayuntamiento lleva ya adelantados a la Junta un total de dos millones de euros, con la agravante de que las corporaciones locales se han enterado ahora de que han quedado excluida la financiación para aulas de mayores, ludotecas y escuelas infantiles.

"Nosotros, sin embargo, venimos costeando esos servicios desde el 1 de enero de 2012, con lo que se nos plantean tres posibilidades: asumir ese gasto, cerrar o trasladarlo a los usuarios. Seguramente, los ayuntamientos del PP optarán por cerrar las escuelas infantiles, pero los socialistas asumirán el coste", ha denunciado el primer edil socialista en Segovia.

Éste ha confesado que su preocupación se centra ahora en lo que pueda ocurrir en 2013, por lo que ha hecho un llamamiento al Ejecutivo autonómico para que la financiación de los servicios básicos no vuelva a sufrir recortes y cuente con los mismos fondos de ejercicios precedentes. "La política tiene como razón de ser precisamente el equilibrio y la igualdad, algo que la Junta va a intentar romper", ha sentenciado.

En el caso de Medina del Campo, su alcaldesa ha utilizado el término "malabares" para poner un ejemplo al esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para costear esos servicios básicos, que este año sufrirán una merma de un 9,32 por ciento en su financiación por parte de la Junta. "Es la Administración regional la única responsable y es ella la que tiene que empezar a poner cara, nombre y apellidos a todos esos ciudadanos que lo están pasando mal", ha apuntado.