El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido este miércoles que se analice y debata la cuestión de la enseñanza separada por sexos, en el sentido de que no puede haber distinto trato en la financiación con fondos públicos si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada.

En una nota, Wert dice que el Gobierno "respeta y acata" las sentencias del Tribunal Supremo que avalan la denegación del concierto educativo a dos centros privados de Cantabria y otro de Sevilla que escolarizan por sexos.

Sin embargo, señala, "hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento -según Wert- compatible con la Convención de la Unesco que firmó España contra la discriminación en la enseñanza".

En esa convención "se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación".

Así pues, el ministro considera que esta es la cuestión principal, porque, "si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco diferenciación en la aportación de fondos públicos".

Los 16 centros catalanes concertados que separan a los alumnos por sexos mantendrán el contrato con la Generalitat al menos hasta que caduque su vigencia, en 2014, pese a los fallos del Tribunal Supremo.

Así lo han confirmado fuentes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Según la Generalitat, en Cataluña hay 16 centros concertados de estas características, algunos de ellos relacionados con el Opus Dei, y suman en total unas 10.000 plazas.

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat analizará qué posibles efectos pueden tener estas sentencias en Cataluña, pero garantiza que se respetará la vigencia del concierto y que, si finalmente hubieran cambios, nunca serían antes de 2014.

La última vez que se renovó el concierto con el conjunto de las escuelas concertadas catalanas fue en enero del 2010 y se firmó para un periodo de 4 años.

El Principado estudiará las posibilidades legales que abre la sentencia del Tribunal Supremo a la hora de renovar estos convenios, que se realiza cada cuatro años y que se llevará a cabo en 2013.

En un comunicado, la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Ana González, ha mostrado su "satisfacción" por las dos sentencias del alto tribunal. "La sentencia coincide con los planteamientos del Gobierno asturiano, que considera que no se puede sostener con fondos públicos ninguna propuesta educativa que discrimine en función de sexo y no considere la igualdad entre hombres y mujeres", afirma.

El 6 de mayo de 2009 la Consejería de Educación del Principado emitió una resolución inicial por la que denegaba los conciertos a dos centros que segregan por sexo argumentando discriminación, decisión que fue recurrida por varias entidades educativas ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que la estimó en abril de 2011, lo que dejó sin efecto dicha resolución.

El Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces recurrió esta sentencia ante el Supremo, pero, tres meses después, el nuevo Ejecutivo regional presidido por Francisco Álvarez-Cascos desistió de continuar con la tramitación del recurso lo que hizo que en octubre de 2011 se hiciese firme la resolución del TSJA.