El PSM-IniciativaVerds-Entesa llevará el anteproyecto de la Ley de Costas, que se está tramitando actualmente, a debate en el Parlament porque "favorece la privatización encubierta del litoral, así como su uso privado" en vez de "insistir en la protección de los valores públicos, el interés general de la costa, en recuperar los espacios más degradados y garantizar un modelo sostenible".

El diputado de la formación Antoni Alorda se ha expresado así este miércoles en rueda de prensa en la que ha destacado que antes de realizar "modificaciones" se necesita realizar "un análisis" de la situación actual de "los derechos de los particulares sobre el litoral y los problemas detectados" para que se pueda producir "un verdadero debate social" sobre "un bien básico" para la economía de Baleares.

Alorda ha insistido en que la Demarcación de Costas debe actuar con "transparencia" y tanto a ella como al Govern y a los Consells insulares les ha pedido que elaboren informes sobre el estado de las concesiones, con "precisión de usos, plazos y superficie, situación de las delimitaciones del dominio público marítimo-terrestre, memoria de actuaciones y un análisis de los principales problemas en la aplicación de la ley vigente", entre otros datos.

El anteproyecto de Ley que recibe el nombre de Ley de protección y uso sostenible del litoral del cual el Consejo de Ministros informó el 13 de julio modifica la Ley 22/1988 de Costas.

Desde el PSM-IV-ExM han incidido en que "hoy la delimitación, los 20 metros, o los 100 metros en urbanizable son importantes" y han calificado la normativa de 1988 como "uno de los bastiones para defender el dominio público marítimo-terrestre en contra de la explotación intensiva del litoral".

Defender unos mínimos ante el estado

Así, han propuesto que el Parlament y el Govern defiendan ante el Estado unos mínimos, entre los que destacan el mantenimiento o mejora de la garantía del acceso público y libre de la costa, la preservación del valor paisajístico y patrimonial, evitando nuevas construcciones. También piden una nueva definición del dominio público con criterios científicos que rehuyan de la arbitrariedad.

A renglón seguido, han indicado que "no queda clara la exclusión de dunas fósiles" y han solicitado que la Ley no debe premiar actividades ilegales ni garantizar concesiones de más de 100 años, "como ya hace el anteproyecto".

Además, también quieren que se mejore la transparencia en la actuación de las Demarcaciones de Costas y que se reconozcan las competencias en el litoral atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatut d'Autonomia.