El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) considera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha de buscar una solución que satisfaga "de manera definitiva" a los pescadores del boquerón, que hace unos días vieron cómo se les prohibía seguir realizando sus cometidos profesionales al rebasar la cuota impuesta desde la Unión Europea.

"Aunque la ampliación de la temporada hasta final de agosto ha sido una gestión positiva por parte del Ministerio, el Gobierno no puede jugar con la improvisación y, de un día para otro, mandar un fax a los pescadores diciendo que la jornada siguiente ya no pueden trabajar", se apunta desde el equipo de gobierno de Sanlúcar, —que preside la socialista Irene García—, que considera que las negociaciones con Portugal para la compra de cuota han de llevarse a cabo "con antelación, no cuando ya se ha tenido que cerrar el caladero".

Además recuerdan que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados "ya ha dejado claro" que es preciso que España realice un estudio para conocer si es posible aumentar la cuota de pesca del boquerón, "un análisis que sirva para cotejarlo con el que maneja la Unión Europea". Este estudio, según subrayan, no parece que se vaya a desarrollar, "puesto que el Gobierno no ha destinado partida alguna en los Presupuestos para llevarlo a cabo".

Recuerdan, además, que la suspensión de la pesca del boquerón dejó en Sanlúcar de Barrameda "a más de 450 familias sin trabajo".

Asimismo, aseguran que desde el momento en que el Gobierno decretó la detención de la actividad el equipo de gobierno ha estado "en permanente contacto con los pescadores de la ciudad, a los que ha mostrado su apoyo".