La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, personada como acusación popular en el caso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de la capital, ha solicitado al juez instructor el interrogatorio de otras cuatro personas más, entre ellas el actual secretario general del Consistorio, Valentín Merino Estrada, y el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Ángel María Marinero.

En el segundo de ambos casos, la acusación popular, a través de un escrito presentado el pasado día 12 de julio y al que tuvo acceso Europa Press, especifica que cuando se aprobó la modificación del PGOU por orden de 18 de agosto de 2003 tuvo un papel relevante al ocupar la jefatura del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento y ordenar la publicación del texto refundido.

Pero además, Marinero, tal y como ha comunicado la propia Consejería de Fomento al juez instructor, sería el autor de un informe sobre el PGOU a raíz de las críticas realizadas a primeros de 2008 por la entonces presidenta del Grupo Municipal Socialista, Soraya Rodríguez, y su portavoz, Javier Izquierdo, y en el que se basó el consejero, Antonio Silván, a la hora de responder por carta a estos dos últimos para avalar la legalidad de la modificación y apuntar que en el supuesto de haber errores, éstos tendrían que ser subsanados por el Consistorio.

En la petición de nuevos interrogatorios formulada se incluyen los nombres de Luis de la Hoz Sánchez, quien fuera secretario del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León y que, según apunta la acusación popular, fue quien informó sobre la prórroga del plazo para que el Ayuntamiento de Valladolid remitiera el texto refundido, así como de Juan Cayetano Ayala, quien fue miembro de la ponencia técnica de la Consejería de Fomento que informó sobre la modificación del PGOU.

Como testigos o como imputados

Tras recibir el escrito de la federación vecinal, el titular de Instrucción número 1, José María Crespo, encargado de la investigación del caso, ha solicitado a través de una providencia al letrado de la acusación popular, Carlos Castro, que especifique si su propósito es que los cuatro citados declaren en calidad de testigos o como imputados, al igual de lo que ya ha ocurrido con casi una veintena de personas, entre técnicos, exediles, miembros de la actual corporación e incluso el propio alcalde, el popular Francisco Javier León de la Riva.

Éste, quien compareció ante el juez el pasado día 12 de julio, así como sus compañeros de equipo de gobierno y otros exdiles han mantenido como alegato común que cuando emitieron su voto afirmativo a la modificación del PGOU u otros trámites previos fue siempre amparados en los informes de los técnicos de urbanismo, los técnicos jurídicos o, en su caso, los técnicos económicos.

El capítulo de interrogatorios lo reabrirán el próximo día 4 de septiembre el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y el arquitecto Luis Álvarez Aller, que se encuentran también imputados y ya prestaron declaración con anterioridad sobre los mismos hechos.

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos —el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos— y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.

La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.