El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha presentado a los representantes sindicales de los empleados municipales una propuesta de Plan de Recursos Humanos que contempla la supresión de la póliza del Igualatorio Médico y la anulación de la prórroga de la edad de jubilación, así como la eliminación del permiso de dos días por Navidad, la fiesta de Santa Rita, tres días de asuntos personales y el mes de vacaciones por 25 años de servicio.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea igualmente la supresión de los liberados institucionales, entre otras medidas encaminadas, todas ellas, a "la reducción del gasto de personal y de costes de Seguridad Social, reducción del absentismo, incremento en la eficacia y eficiencia de los servicios, optimización de plantilla", etc., y que de llevarse a efecto en su totalidad -está en negociación- supondrían un ahorro para las arcas municipales de hasta dos millones de euros.

El concejal de Personal, Santiago Recio, ha presentado esta propuesta de Plan de Recursos Humanos el pasado martes en la Mesa General, en la que están representados tanto los funcionarios como los laborales, y que cuenta con tres miembros de CSIF, tres de UGT, uno de CCOO, uno de USO y uno de APL.

Según ha podido saber Europa Press, a petición de los cinco sindicatos se ha dejado sobre la mesa, pendiente de un estudio más exhaustivo, la supresión del Igualatorio Médico. Entre otras cuestiones, las organizaciones sindicales han pedido al concejal de Personal que no suprima los liberados institucionales, una figura que sí existe en la Administración central y regional, gestionadas -recuerdan- por el mismo partido, el PP.

La propuesta de Plan de Recursos Humanos del equipo de Gobierno trata, en términos generales, de adecuar el Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y el Convenio Colectivo del personal laboral, ambos prorrogados, a la nueva normativa estatal y autonómica, especialmente a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, los Presupuestos Generales del Estado, el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria.

Una de las cuestiones afectadas por esta nueva normativa son las prestaciones económicas por incapacidad temporal, en las que el citado Real Decreto deja un margen a la negociación. Según han informado a Europa Press fuentes sindicales, la propuesta inicial del equipo de Gobierno era aplicar "el mínimo" y finalmente se ha aprobado el "máximo". No obstante, otras fuentes recalcan que los acuerdos alcanzados en la reunión de este martes son verbales y hasta que no los vean recogidos por escrito en una contrapropuesta no serán oficiales.

Igualatorio médico y permisos

Con la eliminación de la póliza con el Igualatorio Médico, que precisa un plazo de preaviso de 60 días, el personal funcionario integrado pasaría a partir del 1 de enero de 2013 a recibir las prestaciones por asistencia sanitaria e incapacidad temporal a través de la Seguridad Social, lo que, según el equipo de Gobierno, supondría un ahorro de 1.265.631 euros anuales.

Así, los gastos de asistencia hospitalaria, médica y farmacéutica (cubriendo las mismas contingencias que la Seguridad Social), suponen actualmente al Ayuntamiento un importe total aproximado de 700.000 euros anuales, a lo que hay que añadir los gastos de la prestación de incapacidad temporal (IT) por contigencias comunes, que en el año 2011 se estima que pudo suponer un coste de 892.763 euros. Por su parte, la bonificación en la cuota por contingencias comunes supone un importe anual de 327.132 euros.

Los sindicatos han pedido al concejal que reconsidere esta medida atendiendo al perjuicio que supondría para los funcionarios con enfermedades crónicas que llevan su tratamiento en el Igualatorio desde hace años. Según fuentes sindicales, Recio se ha avenido a dejar el asunto sobre la mesa para estudiarlo más detalladamente y formular una contrapropuesta.

Por otro lado, se va a suprimir tanto el permiso de dos días durante la época navideña (a partir del presente año); como los 25 días de vacaciones por el cumplimiento de 25 años de servicio (a partir del 1 de enero de 2013); y la festividad patronal -Santa Rita- como día no laborable, permisos que según el equipo de Gobierno, "excedían del régimen establecido en las normas legales y reglamentarias".

Según sus cálculos, estos permisos suman un número aproximado de 4.066 días anuales (2.144 por permiso de Navidad, 1.072 por Santa Rita y 850 por vacaciones de 25 años), lo que supone una media de casi cuatro días por empleado, con un coste total medio de 420.000 euros anuales aproximadamente. Asimismo, se reducen de seis a tres los días por asuntos particulares, conocidos como 'moscosos'.

Prórroga de la jubilación

La ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales, aprobada por el Gobierno de la Nación a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, supone para el Ayuntamiento de Santander un incremento medio de 117.700 horas anuales de trabajo, lo que equivale a un total de 71 empleados a jornada completa.

Según recoge la propuesta de Plan de Recursos Humanos, en los últimos cinco años han cumplido la edad de jubilación 99 empleados municipales (84 funcionarios y 15 laborales), de los que 94 se han jubilado y cinco han solicitado y se les ha reconocido la permanencia en servicio activo, lo que supone un coste total para este año de 310.732 euros entre retribuciones y cotizaciones.

En principio, esta prórroga quedaría sin efecto al vencimiento del año natural desde su concesión, y se incentivará el cese antes del cumplimiento de ese plazo con una indemnización de diez días de retribución (sin prorrateo de pagas extraordinarias) por cada dos meses completos de anticipación.

No obstante, algunos sindicatos, caso de CSIF, han advertido al equipo de Gobierno de los riesgos que conlleva esta decisión, al haber antecedentes de trabajadores en esa situación que han ganado la sentencia y han tenido que ser readmitidos en su puesto de trabajo o indemnizados porque ya habían cumplido los 70 años.

Se estima que 27 empleados cumplirán la edad de jubilación en 2013. La supresión de la prórroga se llevará a cabo con carácter general, si bien la propuesta del equipo de Gobierno contempla casos excepcionales.

Una vez negociada con los sindicatos, el Plan de Recursos Humanos se someterá al Pleno de la Corporación. Su aprobación generará cambios en las cláusulas del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral, que se encuentran prorrogados al haber finalizado su periodo de aplicación.

El PP argumenta que las condiciones y circunstancias actuales han variado sustancialmente sobre las existentes en el momento de negociación de ambos pactos, lo que exige una necesaria adecuación de sus contenidos, "no pudiendo obviar —añade el documento— la realidad social y económica que afecta al sector público". En este sentido, esgrime también la necesaria adaptación a la nueva normativa estatal y autonómica en relación a la reducción y contención del gasto y a la planificación y ordenación de los recursos humanos.

Por último, recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé la posibilidad de suspensión de pactos y acuerdos sobre condiciones de trabajo "por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".