El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha informado de que propondrá a UGT-A, las organizaciones sociales y los partidos políticos que se constituyan comisiones en cada una de las ciudades y municipios de la región para movilizar a la sociedad con el fin de apoyar un referéndum contra "las políticas de extorsión y chantaje que el Gobierno hace con Andalucía".

En una rueda de prensa en Córdoba, acompañado por el secretario general de CCOO de Córdoba, Rafael Rodríguez, Carbonero ha detallado que tras la marcha a Madrid del próximo 15 de septiembre, se iniciará "un trabajo de movilización para exigir al Gobierno un referéndum que someta a la opinión de los ciudadanos sus políticas", con las que, a su juicio, "ha engañado".

En este sentido, manifiesta que "la región no puede soportar otro recorte de 3.000 millones en los presupuestos del próximo año", dado que "recortar 6.000 millones de euros en Andalucía en dos años es situar a la comunidad en situación de extrema gravedad", al tiempo que supone "un retroceso a muchos años atrás en el sistema sanitario y educativo y en la protección social".

Asimismo, advierte que "se empeoran las condiciones de vida de la gente" y a tal efecto se llevarán a cabo movilizaciones en los próximos meses para "exigir el cambio de política", además de "trabajar para no perder aún más de lo que estamos perdiendo". Dichas movilizaciones se encuadrarían a finales de octubre y primeros de noviembre, para "ligarlas" con la presentación de los presupuestos del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

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Plan prepara'

Por otra parte, el secretario general de CCOO en Andalucía augura "expectativas muy negras" para las personas en desempleo, aunque "la presión sindical a hecho al Gobierno pararse a pensar sobre la protección de los 426 euros", el 'Plan Prepara'.

Al respecto, considera que es "una cuantía insuficiente, pero que hay que mantener", al tiempo que está "vinculada a la formación", aunque este aspecto, como lamenta Carbonero, "ha fracasado por las políticas activas de empleo como consecuencia de los recortes del Gobierno", que en el caso de Andalucía se han dejado de percibir "400 millones de euros de los 700 que recibía".

Entretanto, el sindicalista teme que el Ejecutivo central "pretenda poner en manos de las empresas privadas y las administraciones públicas mano de obra absolutamente precaria, y la gente trabaje por 426 euros para despedir a empleados públicos y trabajadores en empresas privadas".

Carbonero espera que "no se le ocurra al Gobierno tal tropelía", con tal de "buscar atajos para hacer que la gente vaya a trabajar por una miseria para despedir a personas con empleo regulado". Una situación que, según advierte, "en Andalucía tendría gran repercusión".