Las nuevas medidas que ha planteado el Gobierno en cuestión de materia sanitaria conlleva que el próximo día 31 de agosto, todos los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria, de modo que sólo serán atendidos en casos de urgencia sanitaria, en casos de parto y post parto y cuando se trate de menores de edad. La condición para que los inmigrantes sin papeles reciban servicios sanitarios en cualquier situación es que estén afiliados a la Seguridad Social y que paguen sus impuestos en España. Esta premisa es la recoge el Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Pero no todas las comunidades están dispuestas a acatar esta medida, por lo que en el panorama español se han creado dos bloques: por un lado están aquellas comunidades que piensan seguir las directrices del Gobierno, y por otro lado, están aquellas regiones que se han pronunciado en contra de esta nueva medida y que se muestran dispuestas a continuar con el sistema sanitario que se ha mantenido hasta ahora.

Andalucía, Asturias y País Vasco (donde gobierna el PSOE), Canarias (CC y PSOE) y Cataluña (CiU), son las cinco comunidades que se han rebelado ante el Real Decreto y han manisfestado su voluntad para que la cobertura sanitaria siga siendo universal, pero no han dicho cómo piensan hacerlo.

Andalucía ha anunciado su negativa a dejar fuera de la sanidad a los sin papeles, ya que a su parecer "rompe con el sistema universal que hasta ahora existía en España" y, además, "podría desencadenar problemas de salud pública". Además, no descarta acudir al Tribunal Constitucional si finalmente el Gobierno le obliga legalmente a cobrar a los sin papeles, al entender que contraviene su Estatuto de autonomía.

En Cataluña, el Departamento de Salud de la Generalitat, que dirige Boi Ruiz, tampoco tiene decidido cómo abordará la problemática de continuar ofreciendo una sanidad universal a sus habitantes, pero su intención es que no se limite la sanidad a aquellos personas cuyas posiblidades económicas son tan reducidas, ya que con la entrada de estas medidas los inmigrantes deberán pagar 700 euros para poder recibir una atención sanitaria completa.

"La atención en los ambulatorios catalanes estará garantizada a todas las personas independientemente de que tengan o no sus papeles en regla", según asegura una portavoz de la consejería. El problema que debe resolverse es cómo se atenderá a estos pacientes en los servicios hospitalarios. La Generalitat tiene intención de anunciar en la última semana de agosto cómo aplicará el decreto.

Con la entrada en vigor en septiembre de estas medidas, se estima que 150.000 personas serán borradas de la red sanitaria pública, y el Gobierno prevé que la recaudación que se obtendrá será de aproximadamente 14.000 millones.