Funcionarios de la cárcel de Palma aseguran que introducir droga en la cárcel "no está prácticamente penado"

Piden que las agresiones de los internos a los funcionarios sean consideradas atentado contra la autoridad
Centro Penitenciario De Mallorca, Ubicado En Palma
Centro Penitenciario De Mallorca, Ubicado En Palma
EUROPA PRESS

Funcionarios de la cárcel de Palma aseguran que introducir droga en la prisión "no está prácticamente penado", si bien afirman que el tráfico de sustancias estupefacientes "existe" dentro de los centros penitenciarios, y critican que los jueces sean "reacios" a la hora de permitir que los internos sospechosos se sometan a un escáner de rayos X.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Prisiones del CSI·F, Agustín Villar, y uno de los miembros de la Asociación de trabajadores penitenciarios y de la Junta de personal de la Administración General del Estado, Eduardo Rosende, han explicado que la condena por introducir droga o intentarlo "se aplica en términos muy bajos o no se aplica".

Una situación que Villar censura al recordar que se trata de personas que entran droga "en un lugar prohibido para hacer un negocio espectacular, pues en la cárcel se multiplica por cinco o por seis el negocio que hay fuera".

Por su parte, Rosende añade que la pena "solo se aplica cuando son cantidades tan grandes que prácticamente no caben ni en el cuerpo humano", teniendo en cuenta que es posible introducir "hasta 20 gramos" en el interior de una persona, según relata.

Los dos explican que es "imposible" detectarla solo cacheando a los internos después de un permiso o un 'vis a vis'. No obstante, los funcionarios pueden solicitar una autorización judicial para escanear a un interno a través de rayos X, solo en el caso de tener sospechas "muy bien fundadas", aunque los jueces son "muy reacios" para estas autorizaciones, comenta Villar.

Por otra parte, Rosende afirma que en trece años no se ha cesado a ningún funcionario por intentar introducir droga en la cárcel, teniendo en cuenta las "facilidades" y el "negocio" que supone. "Ningún funcionario va a perder su puesto y su empleo por ganar 200 o 300 euros", añade, en referencia al "máximo" que se podría conseguir.

Se sienten "desprotegidos" ante las agresiones

Los funcionarios aseguran que están "desprotegidos" de las agresiones de los internos, pues afirman que las lesiones "quedan en nada", es decir, en faltas internas sin ser consideradas atentado contra la autoridad.

Ambos explican que los fiscales de cada Comunidad podrían solicitar este cambio de sanción a la Fiscalía General del Estado, quien tiene la potestad para dar una instrucción a los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, "pero ni se pide ni se hace", añaden.

Consideran que en España "se quiere enseñar a la sociedad que no pasa nada, que esta gente es buena, que se la puede reinsertar y que de verdad merece otra oportunidad", mientras hay una "voluntad de desprestigiar al funcionario", remarca Rosende.

Es más, Villar considera que la sociedad es "muy hipócrita", olvidando el delito que han cometido los internos cuando estos acusan a los funcionarios de "tortura" o "maltrato" por presuntas agresiones.

"denuncias falsas" a funcionarios

Por otra parte, los internos ponen "denuncias falsas" a los funcionarios alegando que han recibido "palizas o torturas". Sin embargo, en trece años que llevan en su puesto, Villar y Rosende comentan que ha habido entre 100 y 200 denuncias contra funcionarios, pero ninguna condena.

El delegado de Prisiones del CSI·F defiende que los funcionarios deben "aplicar fuerza física, necesaria y proporcional" para "reducir" a un interno agresivo, que, a su juicio, "no es lo mismo que pegarle una paliza".

Es más, cuando un reo es trasladado al módulo de aislamiento por una actitud "agresiva", se le hace un parte médico, previo a su entrada, para dejar constancia de su estado físico tras ser "reducido" por un funcionario.

No obstante, los trabajadores critican que los internos "no cumplen otra pena" cuando una sentencia judicial les niega la razón, señala Rosende. Además, Villar recuerda que llevar un preso a juicio supone "un gasto tremendo para la Administración -desplazamiento de funcionarios, jueces y policías, entre otros- y al interno no le pasa nada".

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