El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha informado este martes de que, según la documentación aportada por la Junta a la comisión de investigación constituida en la Cámara autonómica sobre el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza, "no consta" ningún informe de la Intervención General ni del Gabinete Jurídico de la misma que avalen los fondos que se transfirieron al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el otorgamiento de subvenciones "con dinero público".

"El PP-A solicitó el informe de la Intervención General de la Junta y del gabinete jurídico en relación a la encomienda formalizada por la orden de 27 abril de 2010, es decir, de la encomienda de gestión por la que se transfieren los fondos al IFA para que éste otorgue las ayudas y la Junta nos dice ahora en un escrito firmado por el director general de IDEA —antigua IFA— que no consta informe ni de la Intervención o del gabinete jurídico en relación a la encomienda formalizada por esta orden", ha explicado en rueda de prensa.

Tras señalar que esto demuestra la "preocupante falta de voluntad" de la Junta "para dar transparencia a todo este asunto" y para "recuperar el dinero" que se ha dado de forma "fraudulenta" durante más de diez años, Rojas ha recalcado que esta documentación "apunta a la Consejería de Empleo como responsable" de la trama.

Además, el 'popular' ha señalado que esto se agrava si se tiene en cuenta que el PP-A también solicitó a la Junta, entre otra "mucha" documentación "que no ha sido atendida por el rodillo de PSOE e IU" en la comisión de investigación, información sobre los expedientes de las modificaciones presupuestarias de las transferencias de financiación aprobadas entre 2001 y 2010 y que la Junta ha contestado que solo tiene constancia de las de 2005 a 2010.

"En un escrito firmado por el vicepresidente de la Consejería de Presidencia e Igualdad se nos informa de que solo consta la que corresponde a los ejercicios 2005-2010 porque lo anterior a esa fecha, dicen, siguiendo las oportunas instrucciones de archivo, han sido eliminadas", ha explicado Rojas, quien ha mostrado las "sospechas" del PP-A sobre que la Junta haya podido "destruir papeles o pruebas" sobre este asunto.

No en vano, según ha recalcado, "todos los papeles que se gestionaron y se tramitaron tienen que estar en poder de la Junta y es ésta la que tienen la obligación de dársela al Parlamento para que se conozca la verdad". Y ha apostillado tras insistir en que esos informes "tienen que existir" de forma obligatoria porque se trata de subvenciones otorgadas con dinero público: "Todo lo que sea haber quitado papeles de en medio y haber destruido papeles o pruebas es una absoluta barbaridad y, desde luego, censurable".

Pese a ello y a que Rojas ha reconocido que esta "falta de transparencia" por parte de la Junta está impidiendo al PP-A "ejercer, sin duda, su labor parlamentaria de dar a conocer la verdad" en torno a este asunto de los ERE, ha descartado que su grupo vaya a solicitar posponer las declaraciones previstas en la comisión de investigación a partir del día 21 a fin de poder recabar antes toda la información solicitada. "No queremos retrasar nada, lo que queremos es que se sepa toda la verdad", ha añadido.

Exige responsabilidades políticas

En esa línea, el portavoz parlamentario del PP-A ha vuelto a trasladar este martes a los medios de comunicación, como ya lo hicieran la semana pasada otros responsables del partido, que todas estas informaciones a las que va teniendo acceso su grupo sobre la comisión de investigación revelan "la falta de interés de la Junta por conocer la verdad" y por "recaudar el dinero defraudado", que ha cifrado en 1.500 millones de euros.

En su opinión, una vez que ya se sabe que "a la Junta no le consta la publicación en BOJA de las subvenciones concedidas con el fondo de reptiles" ni "tampoco información sobre la certificación de la delegación de competencias del (antiguo) consejero de Empleo (Antonio Fernández) sobre el exdirector general de Trabajo (Francisco Guerrero) para el otorgamiento de las subvenciones", entre otras cosas, ya no queda más salida que "exigir responsabilidades políticas, que las hay".

Por eso, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que "dé la cara" y diga "cuál es su responsabilidad" en todo esto porque, según ha valorado, se trata "del episodio más oscuro de los últimos 30 años de Gobierno socialista" en la región y de "un fraude y un delito como una catedral de grande" porque, en resumen, lo que el PSOE ha hecho, a su juicio, es "intentar buscar atajos a la ley" y "crear normas a su medida" como la Administración paralela.

Por último, Rojas ha señalado que "la gran mayoría" de los comparecientes llamados a declarar lo harán —salvo algunos a los que no haya sido posible hacerles llegar la notificación— y que espera que sea en el Parlamento de Andalucía donde se aclare "toda la verdad" sobre los ERE pese a que el PSOE e IULV-CA no están aportando "toda la documentación" pedida "por activa y por pasiva" por el PP-A.