Funcionarios de la cárcel de Palma creen que actualmente los reos "están mejor dentro que fuera" de la prisión, lo que, en su opinión, supone "un problema", ya que las cárceles no son "centros sociales". Además, opinan que una vez salen a la calle, los internos no logran reinsertarse y achacan esta situación a la normativa que regula el funcionamiento de las cárceles que, a su juicio, ha quedado "desfasada".

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Prisiones del CSI·F, Agustín Villar, y uno de los miembros de la Asociación de trabajadores penitenciarios y de la Junta de personal de la Administración General del Estado, Eduardo Rosende, coinciden en que esta situación se ha dado porque la gestión de la cárcel de Palma ha sido "un circo".

Ambos señalan que algunos internos no quieren ser liberados porque "dentro lo tienen todo". Tanto es así, que ha habido casos de reos que han vuelto a delinquir, pues una vez fuera "se dan cuenta que no tienen las necesidades básicas cubiertas, ni un techo donde dormir, ni los medicamentos gratis", explica Villar.

Por ello, manifiestan que "la cárcel tiene un problema", apelando al cumplimiento íntegro de las condenas de los internos, pues creen que los reincidentes "quizás no deberían obtener permisos para salir". "La pena lleva un cumplimiento de la pena privativa de libertad", recuerda Rosende.

Asimismo, ambos funcionarios critican la labor de las ONG's dentro del centro, considerando que "deberían volcarse en la calle, donde los internos sí necesitan ayuda", afirma Rosende. En este sentido, Villar asegura que "de la gente habitual, la que es reincidente, no se reinserta prácticamente nadie", porque "fuera viven de lo que roban y cuando les cogen, entran dentro y mantienen el listón, por lo que es una forma de vida muy cómoda para ellos".

Más funcionarios o más horas dentro de la celda

En la cárcel de Palma, cada cinco funcionarios vigilan a 220 internos, divididos en dos módulos -cada uno tiene 110 presos-. Actualmente, el centro alberga a unas 1.400 personas, si bien podría alcanzar las 2.600 con dos personas dentro de cada celda,

Ante tal volumen de personas, Villar considera que se necesitan más funcionarios, teniendo en cuenta que, actualmente, hay un total de 300, mientras que Rosende apuesta por otras medidas, como cambiar el régimen penitenciario para reducir el tiempo que los internos pasan fuera de la celda, es decir, "racionalizar horarios".

"Si el Estado le pide a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que custodien a un interno durante 24 horas los 365 días del año, eso requiere mucho personal", afirma Rosende. En su opinión, los reos "deberían estar encerrados" durante un periodo "lógico, porque no puede ser que internos que vienen de fuera digan que la cárcel de aquí es un cachondeo". Además, asegura que el régimen penitenciario español "es impensable en cualquier lugar de Europa".

El artículo 77 del Reglamento Penitenciario recoge que los centros "garantizarán ocho horas de descanso nocturno, un mínimo de dos horas para que el interno pueda dedicarlas a asuntos propios y tiempo suficiente para atender a las actividades culturales y terapéuticas y a los contactos con el mundo exterior".

El régimen disciplinario está "anticuado"

Por otra parte, Villar y Rosende manifiestan que el régimen disciplinario de los centros penitenciarios de España está "anticuado" y aseguran que es "muy benevolente" con los internos.

Así, Rosende explica que las sanciones a internos "por alguna razón nunca llegan a cumplirse, se demoran en el tiempo y al final no se llegan a aplicar". Es más, añade que los presos "juegan" y se aprovechan del "desfase" de la normativa.

Por ejemplo, el delegado de prisiones del CSI·F explica que "muchos internos provocan pequeños altercados o incidentes para que se les aplique la sanción que les priva de paseos y actos lucrativos". Así, pueden permanecer dentro de su celda, donde disponen de televisor, radio, radiador y calefacción. "No se les sanciona, se les hace un favor", afirma Villar.

Por ello, el funcionario pide que los internos no tengan "una comodidad añadida" mientras cumplan una sanción. No obstante, es un juez quien tiene la potestad para permitir, en cumplimiento del régimen, que se les prive de algún servicio, como por ejemplo la luz. "No se trata de quitarles ningún derecho", añade Villar.

"hay fraude y despilfarro de medios"

Asimismo, Rosende garantiza que "hay un despilfarro de medios económicos y energéticos en las cárceles del país", que atribuye al "despilfarro burocrático". Con ello, se refiere a que "donde más dinero se tira es en el tratamiento de los internos", porque asegura que las cárceles se rigen por "un sistema de garantías que se come mucho dinero".

Por su parte, Villar pone ejemplos, comentando que el traslado de un interno al hospital puede suponer un coste de alrededor de 600 euros, al tiempo que la luz del centro no se apaga durante la noche. "De momento no se hace nada para racionalizar estos gastos", señala.

Además, para ahorrar gastos propone que los juzgados de guardia estén junto a las prisiones o que los jueces hagan juicios dentro de las cárceles. Aunque esto supondría "una reforma judicial tremenda, sí hay otras formas de hacer más funcionales las prisiones y sus servicios".

Por otra parte, Rosende anuncia que hay "fraude" dentro de la prisión, pues muchos internos siguen recibiendo una prestación mensual del Estado (entre 380 y 420 euros) para la medicación del sida, una ayuda a la que se acogieron cuando ésta era de pago, pero que siguen cobrando a pesar de que ya es gratuita. Así, pide que se retire esta prestación al entrar en la cárcel, pues los medicamentos son gratuitos para todos los internos.