La Federación Andaluza Enlace, que lleva trabajando más de 20 años en el ámbito de las drogodependencias y la exclusión social y que aglutina a 105 asociaciones y federaciones provinciales que desarrollan su labor social en todo el territorio andaluz, ha señalado este viernes que el Gobierno andaluz ha enviado ya una "comunicación" a "cerca de una decena de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias" en la que informa de que, a partir del 31 de agosto, "dejarán de recibir la financiación necesaria para prestar sus servicios". Algunos de ellos llevan recibiendo dinero público desde los años 90.

Según lamenta Enlace en un comunicado, esto supone un paso más en el "abandono progresivo de las clases más desfavorecidas por parte de los poderes públicos", por lo que apela al Gobierno autonómico a que diga "no" a estas políticas que "provocan injusticia social" y a que garantice la atención a todas las personas con problemas de drogodependencias, especialmente a aquellas con más dificultades para su inclusión socio-laboral.

La federación teme que "lo que en agosto le ha ocurrido a los Centros de Día de atención a las adicciones pueda afectar en un futuro próximo a otros programas y recursos gestionados por las asociaciones" dentro del actual contexto "de continuos recortes y asfixia económica que viene afectando al sector de las drogodependencias desde hace varios años".

Sobre todo, según destaca Enlace, porque en el día de ayer jueves se reunieron en la sede de la federación las entidades que desarrollan los programas de Centro de Día para personas drogodependientes en tratamiento y todas ellas coincidieron en destacar que, "de un día para otro, han visto cómo su servicio está en grave riesgo de desaparecer e interrumpir drásticamente los itinerarios desarrollados con usuarios".

Deuda de 3 MILLONES

Enlace tiene cifrada en más de tres millones de euros (1.352.000 de las Administraciones Locales, 1.886.000 la Administración autonómica y 158.500 de la central) la deuda que la Administración Pública en su conjunto tiene contraída con sus 105 entidades federadas. También calcula que ya hay "más de 123 programas interrumpidos, 3.675 personas desatendidas, 339 trabajadores con retrasos en el cobro de sus nóminas y/o reducciones de jornada y 120 despidos", algo que afecta también a las 25.000 personas en programas de apoyo al tratamiento e incorporación social (77% de hombres y 23% de mujeres) a las que tratan y que en los últimos años ha crecido casi exponencialmente.

Ante ello, exigen a los diferentes Gobiernos que "establezcan prioridades en sus políticas" y que estas pasen "por garantizar la justicia social y la igualdad efectiva de los ciudadanos, como establece nuestra Constitución".

Así, recuerda que el Centro de Día está configurado como un espacio terapéutico complementario al tratamiento, que incide en la incorporación socio-laboral de las personas con problemas de drogodependencias que tienen más dificultades, buscando afianzar la estabilización y normalización social de la persona. En dichos centros se trabajan las áreas sanitaria, formativo-laboral, judicial, familiar, de relaciones sociales, de ocio y tiempo libre y de desarrollo personal. La prevención de recaídas, la formación ocupacional, las técnicas de búsqueda de empleo y el entrenamiento en autocontrol son algunas de las actividades desarrolladas por estos centros.