La diputada socialista Ana Isabel Méndez ha presentado una proposición no de ley para exigir al Parlamento de Cantabria que se posicione contra la anunciada reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que, en su opinión, "profundiza en las desigualdades sociales".

"El PP no cree en la igualdad y nos aboca a una sociedad con mujeres de primera y mujeres de segunda", señala Méndez en un comunicado, ya que mientras unas podrán pagarse el viaje para abortar de forma libre y segura en cualquiera de los países de Europa que tienen una ley como la actual en España, otras sin recursos "volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud".

Por ello, ha advertido que los socialistas no van a permitir que el PP "utilice a las mujeres como cortina de humo del desastre económico al que nos han abocado", como tampoco que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo haga para "posicionarse con ventaja" en la carrera a la sucesión de Mariano Rajoy, "lanzando mensajes al ala más conservadora y ultracatólica del PP".

"Es inaceptable que a las mujeres españolas nos impongan una moral católica que es una cuestión personal y que en ningún caso puede coartar nuestra libertad, porque ni somos seres inferiores ni estamos incapacitadas para decidir sobre nuestras vidas", ha recalcado.

Para la diputada socialista, esta reforma cuenta con el "rechazo social", como se ha puesto de manifiesto, según dice, en una encuesta publicada el pasado mes de julio en un medio de comunicación nacional, según la cual el 81 por ciento de los ciudadanos están en contra de la misma.

Según Méndez, esta reforma "es una barbaridad", y se pregunta "quién con un mínimo de sentido común puede obligar a una mujer a tener un hijo con malformaciones graves, sin más horizonte que la muerte y un sufrimiento indecible para ambos".

Ha afirmado que, además, esta reforma "nos separaría de Europa", porque la actual ley "es coincidente" con las existentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, y si la misma se lleva a cabo "echaría por la borda" una ley que "ha funcionado y que, lejos de conllevar un aumento en el número de abortos, desde su implantación éste ha disminuido".

El PSOE exige, por tanto, que "no se toque" la ley de plazos vigente y que el Estado cumpla la normativa europea e internacional que, en las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a España con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), le exige garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo.