El exconsejero de Empleo Antonio Fernández no declarará ante la comisión parlamentaria sobre los ERE falsos para no sufrir "una lesión añadida a su derecho a la imagen", mientras que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero está estudiando si comparece o no. El abogado de Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha dicho que si Fernández sigue en prisión en la fecha prevista para su comparecencia, el 24 de agosto, no acudirá a la comisión para no hacer ante las cámaras de televisión "el paseíllo esposado o custodiado por la Policía".

Según Martínez del Hoyo, "no se dan las condiciones mínimas para prestarse" a que Fernández pueda aparecer públicamente ante la comisión "como una persona presa", tanto si acude personalmente al parlamento de Andalucía como si declara por videoconferencia desde la cárcel.

Después de las innumerables ocasiones en las que se ha repetido la imagen del exconsejero entrando en un furgón de la Guardia Civil tras su declaración ante la juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, el pasado 24 de abril, esa nueva situación crearía "una lesión a su derecho a la imagen, añadida a la de otros derechos fundamentales", según Martínez del Hoyo.

El abogado ha insistido en que se trata de un problema de imagen y no de un intento de no colaborar con el parlamento, por lo que si antes del 24 de agosto la familia reúne los 450.000 euros fijados de fianza, Fernández comparecerá ante la comisión. La comisión parlamentaria "tiene perfecto derecho a llamarle para que colabore", pero también existe una "causa que justifica su deseo de no someterse a esa imagen", que según Martínez del Hoyo "no es normal".

Por su parte, Fernando de Pablo, abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es el segundo encarcelado llamado ante la comisión, ha informado de que están estudiando si declarará, aunque "es posible" que sí lo haga. El juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que mantiene encarcelados a los dos ex altos cargos, ha autorizado su salida de prisión para comparecer los días 22 y 24 de agosto ante la comisión parlamentaria de investigación, que arrancará el día 21 de este mes.