La Unión Federal de Policía (UFP) ha criticado que la nueva comisaría de la Policía Nacional en Mérida presenta "deficiencias" en el sistema de climatización que ponen "en riesgo la salud de los detenidos y de los funcionarios".

En una nota de prensa indica que los calabozos de la comisaría de Mérida y el cuarto de escuchas telefónicas del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de esta comisaría "carece de climatización".

"Por lo tanto, los funcionarios y los detenidos están soportando en esta época estival, temperaturas muy por encima de los parámetros establecidos en el Real Decreto 486/1997. Esto hace que la estancia en el mismo resulte insoportable y que los funcionarios y los detenidos bajo sus custodias estén expuestos a riesgos que atentan directamente contra su salud, por un golpe grave de calor", ha expuesto la UFP.

La Unión Federal de Policía ha indicado que estos hechos "se han denunciado ya en varias ocasiones, mediante la remisión de varios escritos al Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Extremadura, sin que hasta el momento se haya dado solución al problema de climatización que presenta esta comisaría desde principios del verano".

Un "problema" que ha provocado que durante esta época estival los detenidos y funcionarios "hayan sufrido las consecuencias de las olas de calor que ha acechado" a Extremadura y "por lo tanto la salud de los detenidos y funcionaros estén expuestas a riesgos que podrían desencadenar en algún tipo de patología".

"Los hechos anteriormente referenciados, preocupan a esta organización sindical y más teniendo en cuenta, que hace poco en dicha comisaría local murió un detenido como consecuencia de una enfermedad natural y que la exposición a altas temperaturas, potencia de forma significativa este tipo de riesgos", ha recordado.

Por tales motivos, y puesto que las "deficiencias no han sido solventadas" tras los escritos presentados ante el Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, la UFP ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social, indica, para que imponga a la administración las "medidas correctoras apropiadas en pro de garantizar la salud de los funcionarios y de los detenidos afectados por estas anomalías y obligue así a la administración a cumplir la Ley".