Más de 100 personas han logrado impedir este jueves el derribo por orden judicial de una vivienda unifamiliar de Nigrán (Pontevedra), declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La sentencia del máximo órgano judicial de Galicia ordenaba la demolición inminente del inmueble para las 9.00 horas de hoy, pero los vecinos de la familia afectada y varios miembros de la plataforma Stop Desahucios han conseguido impedir el acceso de la maquinaria obstaculizando el camino de entrada con varios vehículos.

A la casa sólo pudieron acceder tres agentes de la Policía Local de Nigrán pocos minutos después de la hora indicada por la autoridad judicial para notificar la orden y dar fe de la oposición de los propietarios de la vivienda, Santiago Piñeiro y Ana María Taboada, que viven con sus dos hijas, de 21 y 16 años de edad.

Los dueños del inmueble, construido sobre suelo rústico no edificable, asumen que su propiedad está en situación irregular pero denuncian un trato desfavorable por parte del Ayuntamiento de Nigrán. Hablan de "intereses políticos", ya que el proceso judicial se abrió hace más de 10 años a raíz de la denuncia de un aserradero anexo que pertenece al padre de la actual concejala de Personal, Ana Rosa Costas.

Empresa "sin licencia"

Según aseguran Piñeiro y Taboada, esta empresa carece de licencia y sus instalaciones fueron levantadas sobre un castro catalogado, un hecho que "la Xunta de Galicia ha denunciado".

En este escenario, se preguntan por qué no se derriba este inmueble, dado que también existe una sentencia de los tribunales contra él. A este respecto, Piñeiro ha asegurado que "algo falla" y ha reclamado "una solución" al alcalde, Alberto Valverde, del Partido Popular.

Denuncias mutuas

Por su parte, Ana María Taboada ha relatado que, tras denunciarse "mutuamente", las dos partes habían alcanzado un acuerdo para frenar la vía judicial. Sin embargo, ha criticado que el aserradero no cumplió el acuerdo y "atacaron más" a esta familia.

Taboada ha explicado también que existe un proyecto de legalización, a través del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Nigrán, que está pendiente de ser aprobado inicialmente por parte de la Xunta antes de que acabe el verano.

Manifestación improvisada

Tras la marcha de la Policía Local y de los operarios de la empresa encargada de acometer el derribo, cerca de medio centenar de personas, entre ellos Santiago Piñeiro y Ana María Taboada, emprendieron una marcha improvisada hacia la puerta de entrada del aserradero.

Allí, volvieron a denunciar la situación "ilegal" de éste mediante gritos durante un cuarto de hora, tras lo cual volvieron a la casa de la familia afectada.

Satisfacción en la familia

Tras conseguir paralizar la demolición, Ana María Taboada se ha mostrado "muy contenta" por el logro y por el apoyo de sus vecinos.

Y es que, como ha admitido, la familia "no tiene a donde ir". Es por ello que llegarán "hasta el final" con este asunto, ya que no piensan moverse de su casa.

Santiago Piñeiro ha explicado que ahora se abre un plazo aproximado de un mes hasta que llegue una nueva orden de derribo que pueda requerir la intervención del Cuerpo Nacional de Policía.