Las plataformas comarcales de afectados por preferentes y subordinadas de Galicia han solicitado formalmente, mediante sendas cartas, reunirse con el presidente de la Xunta y el de Novagalicia Banco, Alberto Núñez Feijóo y José María Castellano, respectivamente.

En dicha cita consideran "de interés" que también esté representado el Instituto Galego de Consumo, ya que los afectados creen que la entidad financiera gallega pretende "un lavado de imagen" al solucionar "los casos más mediáticos" por la vía del arbitraje, cuyos laudos dictan miembros del citado organismo, que depende de la Consellería de Economía e Industria.

De hecho, en los escuetos textos remitidos a Feijóo y Castellano —idénticos pero en los que varía el orden de sus nombres, en función de a quién van dirigidos—, las plataformas piden conocer "de primera mano las posibles soluciones" que la entidad bancaria y el Gobierno de la Xunta "plantean para los miles de afectados".

Y es que, en un comunicado remitido a los medios junto a las misivas, la coordinadora de plataformas de afectados incide en que, según informaciones publicadas por los medios, el arbitraje, por el que apoya claramente el Ejecutivo autonómico, sirve "para el 15% de los afectados, lo que supone tan solo la resolución de unos 6.000 casos de los 43.000 reconocidos" por el banco.

Los afectados opinan, de esta forma, que "todo parece indicar que NCG solo pretende mejorar su mala reputación satisfaciendo los casos más mediáticos y así salir en los medios de comunicación con un lavado de imagen, a la par de la costosa campaña publicitaria que pusieron en marcha".

"juez y parte"

A través del arbitraje, Novagalicia Banco es, según critican, "juez y parte, dando solución a los afectados elegidos que quiera, de forma que el resto tendrían que reclamar sus ahorros por otros vías".

En este sentido, aluden a la contratación por parte de la entidad de la auditora Price Waterhouse para que determine los casos "concretos" que se someterán al arbitraje. "Desde las plataformas se está comprobando que en las oficinas de consumo no se está informando del perfil que define qué casos serán aceptados para poder recurrir a esta vía y cuáles no", resaltan.

A este respecto, cuestionan la "puesta de la administración pública al servicio de una entidad financiera recapitalizada con dinero público" y aseguran que esto no llega a aportar "una solución global" para "los ahorradores estafados".

Además, constatan que "el principal problema del arbitraje es que, si el laudo arbitral es desfavorable, el afectado no podrá recurrir a los tribunales de justicia".