La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Andalucía critica la decisión del Ministerio del Interior de "privatizar la seguridad" con la introducción a partir de octubre de empresas privadas de seguridad en las prisiones, un lugar que, hasta ahora, ocupaban agentes de la Guardia Civil y critican que esta decisión "pone en quiebra la seguridad ciudadana".

La preocupación por parte de la AUGC proviene de la "falta de información" con respecto a la forma en la que se va a llevar a cabo dicha privatización. María Santos García, de AUGC, ha declarado a Europa Press que, en un principio, "dijeron que no nos afectaría ya que, al menos por el momento, a los guardias civiles actuales se le sumaría el nuevo personal de seguridad privada" colaborando ambos en los trabajos de seguridad de las cárceles.

Por otro lado, señala la portavoz de AUGC, "no sabemos a qué cárceles va a afectar la privatización y los agentes y sus familias están muy preocupados". Por el momento, el número de guardias civiles que se van a ver afectados y, posiblemente trasladados, es desconocido, razón por la que "están muy intranquilos", ha señalado.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se ha mostrado el completo rechazo a dicha medida pues, según señalan a través de una nota, "no sólo porque supone un primer paso para comenzar a desmantelar la seguridad pública, sino porque se está haciendo sin afrontar los verdaderos problemas que afectan a este servicio esencial para el desarrollo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos españoles".

En opinión del sindicato de guardias civiles, antes de llegar a una privatización, se debería haber planteado un nuevo modelo policial "que supere el patrón arcaico con el que contamos en la actualidad". Un modelo al que califican de "altamente costoso" y en el que hay duplicidad de unidades sin haberse si quiera logrado "la plena colaboración entre los dos cuerpos que conforman las Fuerzas de Seguridad del Estado: Policía y Guardia Civil"

Por ello, AUGC considera que se debería contemplar la unificación de ambos cuerpos ya que "se abaratarían costes y además se mejoraría la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía". "No vamos a aceptar que se juegue con la seguridad de la ciudadanía", han señalado desde el sindicato, en el que esperan que esta privatización "no sea el primer paso hacia una privatización a gran escala de la seguridad ciudadana".

AUGC ha denunciado también la "falta de consideración" con respecto a los trabajadores actuales —los guardias civiles—, a los que a día de hoy, "no se les ha notificado de manera oficial ningún tipo de información sobre esta reforma, de la que son actores principales". La preocupación por el posible traslado de un número considerable de guardias civiles de su puesto de trabajo se ve incrementada por la fecha en la que se van a acometer las medidas, pues coincide con el inicio del curso y una total falta de respeto y consideración hacia sus familias, a las que les podría suponer hasta un cambio de domicilio".

Han señalado además, a través de la nota, que con esta decisión la Dirección General de la Guardia Civil, y más concretamente el DAO, "va a faltar a la palabra dada a las asociaciones profesionales, a las que les aseguró que el proceso de privatización se haría con el menor perjuicio a los agentes y sus familias".