Pero la Audiencia provincial le ordenó a la jueza de Sigüenza depurar "las eventuales responsabilidades" de los técnicos de incendios e investigar "posibles indicios de criminalidad" o de "imprudencia punible" de "los técnicos forestales o de responsables de la coordinación y la gestión de los medios de extinción", según El País.

Así, la Audiencia de Guadalajara se hace eco del pedido del abogado de las familias y del Partido Popular.

Estos habían solicitado a la Junta de Castilla-La Mancha la transcripción en papel de todas las conversaciones del 112, pero la jueza denegó la petición por considerar que no era indispensable.

Con la nueva disposición de la Audiencia provincial, la Junta ha tenido que entregar el sonido de todas las llamadas: más de 48 horas de conversaciones, desde el primer aviso sobre el incendio hasta la llamada del superviviente, Jesús Abad.

El PP y las familias incluso han pedido la transcripción en papel y las anotaciones de los técnicos del 112, algo que deberá hacer la Junta: son más de 3.000 llamadas en los tres días del incendio, lo que podría dilatar meses la instrucción.

Según la Audiencia, las llamadas podrían evidenciar "algún tipo de imprudencia punible a alguno o algunos de los técnicos forestales".

A los técnicos se les podría acusar de ocultamiento de información.

Por ejemplo, las grabaciones revelan que el 112 rechazó en un principio la ayuda de los vecinos, y que después se vio desbordado.

Además, tras saber de las 11 muertes, dilató información a la gente que quería saber sobre el incendio.

Otro dato: los medios aéreos se habían retirado por el fuerte viento antes de saber que allí estaba el retén.