La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha expresado su apoyo a los trabajadores del sector ferroviario con motivo de la huelga convocada tras el anuncio del Gobierno central de liberalizar los servicios de ferrocarril, tanto de la red de Alta Velocidad como para los de la red de ancho ibérico, a partir de julio de 2013, ya que, a su juicio, los trabajadores plantean "reivindicaciones justas" al defender el mantenimiento del "servicio público" prestado por Renfe sobre la infraestructura administrada por ADIF.

En una nota, la consejera ha acusado al Gobierno de "atentar contra el interés de la mayoría social" con el Decreto Ley 20/2012 de "liberalización-privatización", pues considera que el servicio de transporte ferroviario debe mantener un carácter "público y universal" para dar respuesta a "su verdadero objetivo: hacer accesibles los bienes, servicios y contactos a toda la población española independientemente del lugar donde viva, de su capacidad adquisitiva, edad o género".

Cortés ha asegurado que la privatización afectará de forma directa a viajeros que utilizan a diario los servicios de Cercanías y Media Distancia en Andalucía y que durante 2011 superaron en número los 25,85 millones, "una cifra que hasta el momento ha ido en aumento". "Estos viajeros se verán afectados tanto en la calidad del servicio como en el precio", ha afirmado la consejera, que ve en peligro la concepción del ferrocarril como herramienta de "vertebración del territorio".

"Si el Gobierno pretende ofrecer a la sociedad española un servicio de alta calidad y plenamente adaptado a las necesidades y tecnologías actuales, es innecesaria la división de Renfe en cuatro empresas diferentes", ha señalado Cortés, para quien "precisamente un país como Alemania, Estado miembro de la Unión Europea con mayor número de usos de ferrocarril, ha mantenido la unidad empresarial y el carácter público de la empresa ferroviaria Deutsche Bahn, lo que demuestra que no era necesaria la división en dos empresas públicas como Renfe y ADIF".

Cortés ha denunciado además el "ocultismo" con el que se está tratando desde el Gobierno el decreto-ley y lamenta que "hasta el momento las comunidades autónomas no hemos sido convocadas para recibir explicaciones sobre cómo afectarán las medidas a nuestras líneas ferroviarias", lo que pone de manifiesto la "falta de transparencia y de colaboración directa con los afectados", ha añadido.

Por ello, la titular de Fomento y Vivienda ha reiterado la defensa del Gobierno andaluz de un transporte ferroviario público por ser "garantía de calidad y acceso" y ha exigido al Gobierno que rectifique y abandone las medidas encaminadas a "privatizar" el sector ferroviario, que "tendrán además con toda seguridad un impacto muy negativo sobre los trabajadores del sector".