La Asociación profesional Independiente de la Guardia Civil (IGC), ha pedido al Director General de la Guardia Civil que anule la resolución de derogar el derecho de los guardias civiles destinados en Baleares o Canarias, a disfrutar de un viaje anual de ida y vuelta a la península para él y su familia directa, coincidiendo con su periodo vacacional.

Así, han señalado que la resolución del Subdirector General de Apoyo no se ajusta "a derecho ni a procedimiento, por falta de competencia" y porque las "normas de rango superior no pueden anularse por Autoridades de inferior rango, y además sin seguir un procedimiento".

Desde el IGC han destacado que la frase "quedan tácitamente derogadas" estas órdenes, no se sostiene jurídicamente. Por ello ha pedido al Gobierno a que "se someta al imperio de la ley en su toma de decisiones, y anule la forma de proceder de sus Autoridades administrativas".

Esta misma fuente ha destacado que este derecho se disfrutaba desde 1974, "por Orden de la Presidencia del Gobierno del Generalísimo Franco", y fue nuevamente reconocido por el Secretario de Estado, Director de la Seguridad del Estado en 1987 por el Gobierno socialista de Felipe González.

En este sentido, han indicado que en 2005 con la llegada del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se planteó la necesidad de acomodar dicha retribución en especie a los presupuestos generales del Estado pero como partida retributiva de los guardias civiles y no con cargo al presupuesto de indemnización de viajes por comisión de servicio.

Al respecto, ha destacado que desde esa fecha a la actual se ha ido prolongando el derecho con cargo al presupuesto de indemnizaciones por ocasión del servicio y que "aprovechando la coyuntura de crisis y de agotamiento del presupuesto, la Intervención General de la Administración del Estado, ha instado al Ministerio de Interior para que deje de gastar con cargo al presupuesto de viajes con motivo de servicio de los guardias civiles".

En este sentido, la Dirección General de la Guardia Civil debía negar "tácitamente" este derecho el 1 de agosto a los guardias civiles, lo que ha motivado que en este año unos guardias civiles hayan disfrutado del derecho y otros no lo puedan hacer en lo que queda de año, lo que se ha venido a denunciar por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) como un "agravio comparativo".