El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha anunciado ese viernes que a principios del septiembre, en los primeros días del mes "posiblemente", se llevará a cabo el primer derribo en el municipio de Argoños, una vivienda sin finalizar y aislada que corresponde a la licencia de Pepín Cano.

Así lo ha manifestado el consejero, tras reunirse con el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada, para comunicarle los avances realizados en el Plan de Derribos puesto en marcha en septiembre de 2011 por el Gobierno de Cantabria y del que se acordó informar semestralmente a la Sala.

Fernández ha detallado que la casa, que fue paralizada por la sentencia antes de su finalización y en la que, por lo tanto, "no hay ninguna familia" residiendo, forma parte de una grupo de viviendas aisladas orientadas en línea.

A este respecto, el titular de Urbanismo ha destacado que "ya está adjudicado el contrato para la demolición", por lo que la empresa, en estos momentos, está preparando "todo lo necesario desde el punto de vista técnico" para proceder con el derribo de la vivienda.

Además, el consejero ha indicado que, por el momento, "el Ayuntamiento de Argoños está asumiendo los gastos" porque, en este supuesto, fue el Consistorio quien "hizo el contrato", aunque Fernández ha asegurado que, en la mayoría de los municipios con viviendas afectadas por sentencias de derribo, "Gobierno y ayuntamientos tienen una responsabilidad solidaria".

También en Argoños "se van a legalizar estos días" cuatro viviendas, una actuación que "ya se está tramitando judicialmente", ha indicado el consejero, que ha añadido que "probablemente", antes de finales de año, se intentará legalizar otras cuatro casas afectadas por sentencias en este municipio.

El Gobierno de Cantabria está "dando pasos" y realizando "las actuaciones previstas" en "todos y cada uno se los procedimientos y supuestos" del Plan de Ejecución de Derribos —621 viviendas en toda la región—, y para ello se construyeron "tres grupos de trabajo específicos": uno en Piélagos para la zona de Cerrias; en Argoños; y otro en Arnuero, para La Arena.

En el caso de las legalizaciones de viviendas, éstas van a depender de "modificaciones de planeamiento", es decir, de la aprobación de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de cada uno de los municipios afectados.

ARNUERO, ESCALANTE,

Miengo y san vicente

A este respecto, Fernández ha indicado que, en Arnuero, ya se ha aprobado "inicialmente" el PGOU y el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con "la sala y los demandantes para fijar un calendario". Los derribos de La Arena se irán ejecutando hasta 2018 y se realizará con "una sustitución de unas viviendas por otras".

El consejero ha manifestado que espera que en 2013 esté aprobado definitivamente el PGOU de Arnuero, al igual que el de Escalante, municipio donde el "grueso" del trabajo está hecho y donde se espera que, una vez aprobado el Plan, se puedan "legalizar" las viviendas con "problemas".

En este sentido, ha explicado que en Escalante lo que está afectado por sentencia es "un bloque de viviendas, un torre", es el "único" supuesto en el municipio y tendrá "encaje" en el nuevo PGOU "siempre que se le dé una ordenación razonable", ha dicho.

Y es que, según Fernández, con las legalizaciones "no hay que pensar que, como antes era ilegal, ahora hago una chapuza y lo arreglo" porque para poder legalizar "hay que darle una ordenación urbanística absolutamente razonable y conforme a derecho".

La "esencia" del Plan de Ejecución de Derribos del Ejecutivo regional es "no tirar aquello que puede ser ordenado y bien regulado urbanísticamente" y "sí demoler aquello que no hay forma de darle una solución que sea jurídicamente conforme a derecho".

En Miengo ocurre los mismo que en Escalante, ya que el PGOU "va a dar solución a los dos supuestos donde hay viviendas con sentencias de derribo" e igual en San Vicente de la Barquera, cuyo Plan General, que avanza a "un ritmo importante", estará para 2013 "casi con total seguridad" y dará solución a La Marina.

CERRIAS

Por otro lado, el municipio de Piélagos tiene el PGOU "más complejo" aunque "sigue avanzando y dando pasos y soluciones a los distintos problemas" de las viviendas, a pesar de que cuenta con "la singularidad" de Cerrias, "una urbanización que hoy por hoy con las condiciones legislativas que tenemos no podría ser objeto de legalización".

Aunque, respecto a Cerrias, Fernández ha recordado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando en una reforma de la ley de Costas, por lo que habrá que ver si ésta "ampara o no la situación de Cerrias".

"Al mismo tiempo que se contempla la posibilidad de legalizarlo por una reforma legal, se están ya resolviendo y tramitando los expedientes de responsabilidad patrimonial y estamos valorando siete viviendas por, si la ley de Costas no amparase la legalización, proceder a la indemnización y al posterior derribo", ha detallado el titular de Urbanismo.

Y es que el consejero ha manifestado que el Gobierno de Cantabria está trabajando "en paralelo" porque "si la ley de Costas permite la legalización, se legaliza, y si no lo permite, se lleva a cabo la ejecución de derribo".

El Plan de Ejecución de Derribos del Gobierno de Cantabria preveía que, para el año 2013, se realizaría "la demolición de las siete primeras viviendas en Cerrias" —hay 17 afectadas—, pero el consejero ha considerado que "hay que ser un poco cautelosos" por si finalmente la reforma de la ley de Costas amparase este supuesto.

"Si la ley de Costas lo soluciona no tiene sentido tirar algo que luego la ley ampararía, entonces el caso se puede demorar un poco. Pero, en todo caso, en el entorno de 2013-2014, si la ley de costas no lo ampara, la ejecución de la sentencia se haría", ha señalado.

El plan "sigue su camino"

Finalmente, Fernández ha opinado que el Plan se está ejecutando en "todos y cada uno de sus apartados", y tanto las modificaciones de planeamiento como las posibles legalizaciones "siguen su camino", aunque ha detallado que la reforma de la ley del Suelo "aceleraría muchísimo" la "vía larga y compleja" recogida en el Plan.

Y es que "la reforma legalizaría la mayor parte de las viviendas donde hay sentencia de derribo, bueno no las legalizaría sino que impediría la demolición", ha indicado el consejero, que ha explicado que, después, habría que "hacer los cambios de planeamiento necesarios para que las viviendas tengan licencias legales y conforme a derecho".

Por todo ello, Fernández considera "el camino es esperanzador" tanto por las reformas legales como por la marcha del Plan, que va al "ritmo" que el Gobierno regional "esperaba", aunque "en algunos casos con un ligero retraso".