El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha criticado en un escrito el proceso que realiza el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en relación con la gestión de las ofertas de empleo para aspirar a ocupar una plaza en la Administración de Justicia de Andalucía.

La resolución del Defensor, a la que Europa Press ha tenido acceso, es en respuesta a la queja remitida por la 'Plataforma para la Protección de Derechos de los Interinos de Justicia' en relación a este proceso y señala una serie de recomendaciones en las que aboga por la publicación de los candidatos preseleccionados por el SAE, entre otras sugerencias.

El procedimiento ordinario para cubrir las vacantes de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio se ha de remitir oferta genérica al SAE con arreglo a un determinado perfil —normalmente requiriendo tres candidatos por plaza ofertada y nueve meses de experiencia mínima o haber aprobado algún examen de las oposiciones de Justicia—.

Pero, según cuestiona Chamizo en su resolución, es entonces el SAE quien procede a la preselección de los candidatos, aunque en el Convenio de Colaboración de 2008 suscrito entre las Consejerías de Empleo y de Justicia y Administración Pública, se señala, "sin más especificación", que se tendrán en cuenta los "criterios de prioridad", a los efectos de comprobar la idoneidad de los candidatos a preseleccionar.

"Desde nuestra perspectiva —señala el Defensor del Pueblo Andaluz—, los demandantes de empleo público inscritos en las oficinas de SAE tienen derecho a conocer los criterios aplicados por este para gestionar las ofertas de empleo recibidas, los requisitos considerados y de los sondeos realizados".

Por tanto, el Defensor sugiere al titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa que, "en relación a las ofertas genéricas de cobertura temporal de plazas de personal, se dé publicidad de la relación de los candidatos preseleccionados así como de los requisitos considerados y de los sondeos realizados".

Formula, además, la sugerencia de que se estudie el incluir, además de los requisitos generales, "criterios de prioridad en el procedimiento de comprobación de disponibilidad de los demandantes de empleo, como pueden ser los relativos a la percepción de prestaciones económicas y tiempo en situación del desempleado".

Por otro lado, y dirigiéndose a la Consejería de Justicia e Interior, le solicita que "se adopten las medidas oportunas" para que a los funcionarios interinos de la Administración de Justicia de Andalucía que accedieron a sus nombramientos vía SAE se les reconozcan "los mismos derechos que a los demás funcionarios interinos, con integración plena en la bolsa de trabajo temporal correspondiente".

La queja fue planteada por la 'Plataforma para la Protección de Derechos de los Interinos de Justicia' por "la falta de transparencia y objetividad existente en la preselección de candidatos que realiza el SAE, la diferente limitación del número máximo de integrantes en cada una de las bolsas, además del hecho de que no se reconoce al colectivo seleccionado a través del SAE el trabajo realizado como funcionarios interinos. En definitiva, pretende que, desde el SAE, se deje constancia de los procedimientos de preselección y que se haga público el listado de preseleccionados por el mismo".

Según han recordado a Europa Press desde el citado colectivo, no es la primera vez que remiten una queja por estas razones, pues las quejas comenzaron el 2009 y el Defensor del Pueblo Andaluz ya les había dado anteriormente la razón a los denunciantes y había aconsejado al SAE que actuara según le era solicitado.

La respuesta del Servicio Andaluz de Empleo incluía la negativa a presentar de forma pública el listado de candidatos preseleccionados para ocupar una plaza en la Administración de Justicia de Andalucía pues, según señalan, esto iría en contra de la ley de protección de datos de carácter personal, han añadido desde la plataforma.