El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado de nuevo al exvicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente Rambla y a la exconsellera de Cultura y Deporte Trinidad Miró, el próximo 3 de septiembre, en calidad de testigos, para interrogarlos en torno a la comida que en 2008 mantuvieron con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en la que éste ofreció diversos servicios por la organización de unos Juegos Europeos de la Juventud, y que presuntamente fue sufragada con fondos del Gobierno valenciano.

Así consta en la providencia dictada este lunes por el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, mediante la cual las comparecencias han sido fijadas para ese día a partir de las 13.00 horas, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

De esta forma, tanto Rambla como Miró serán inquiridos en torno a un almuerzo en el que, tal y como ya afirmaron en su anterior declaración, prestada el pasado 20 de julio, también estuvieron presentes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otras dos personas del entorno de Urdangarin. Según manifestó Miró, este encuentro tuvo lugar a instancias de la alcaldía de Valencia, si bien ninguno de ellos pudo precisar quién pagó la cuenta. Posteriormente, Rambla confirmó que la comida fue sufragada por la Generalitat, mediante un escrito remitido al juez Castro.

Tal y como detallaron en sus respectivas comparecencias, en el almuerzo se estuvieron tratando los diferentes eventos deportivos que había acogido o tenía previsto acoger la capital levantina, objetivo con el que Urdangarin les ofreció sus servicios, a través del Instituto Nóos, para organizar unos Juegos de la Juventud. Sin embargo, el Consell rechazó esta propuesta y se lo comunicó meses después.

Asimismo, en este encuentro se dio por zanjado el tema de la organización de unos Juegos Europeos en la ciudad. En este punto, Miró afirmó, en declaraciones a los medios de comunicación, que el objetivo fue "suspender toda posibilidad de celebrar cualquier evento" con Nóos en Valencia.

De esta forma, el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma regresará de nuevo a Valencia para retomar los interrogatorios en esta capital, después de que este mes pasaran por la Ciudad de la Justicia 28 personas.

Se da la circunstancia de que cuatro de ellas lo hicieron en calidad de imputadas: la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalidad y actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, Isabel Villalonga; la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Elisa Maldonado; el exsecretario de Turismo y exresponsable de Grandes Eventos del Consejo, Luis Lobón; y la exresponsable del área jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa), María Ángels Mallent.

Barberá confirmó la celebración de la comida

Por su parte, Rita Barberá confirmó a los medios que en marzo de 2008 compartió una comida con Urdangarin si bien subrayó que "de momento, comer con alguien no es delito ni pasa nada". "De hecho, he comido con José Blanco, que también está imputado —en el conocido como 'caso Campeón'—, y los he invitado a comer con embajadores y otras autoridades y personalidades", agregó la primera edil.

"De una comida no sale ningún acto administrativo, y si no hay ningún acto administrativo, no hay ni ningún compromiso de nada", incidió Barberá, ratificando su "voluntad absoluta de colaborar con la justicia" y aseverando que "el juez Castro está haciendo su función y yo lo único que puedo decir públicamente es que mi Ayuntamiento y yo misma estamos al servicio de la justicia, y de colaborar con la justicia", sentenció.

Por otra parte, la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que antes de "resolver sobre la solicitud de libramiento de oficio a la Intervención General de la Administración del Estado", insta a la Generalitat valenciana a que "certifique todas las aportaciones dinerarias que ha venido haciendo a la entidad Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) o a cualquiera de sus sociedades de gestión, tanto en el momento de su constitución como posteriormente y hasta la actualidad".

Asimismo, el juez acuerda dar al Ministerio Fiscal y al resto de partes un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones a la solicitud de libramiento de oficio a la Intervención General de la Administración del Estado.