Los principales colectivos y asociaciones profesionales y empresariales de la cultura en Andalucía han hecho público un escrito que remitirán al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el que reivindican la creación de un IVA "unificado y superreducido" para los bienes y servicios culturales que "garantice la diversidad, estimule la participación de los ciudadanos en la vida cultural y permita que el sector desarrolle todo su potencial y contribuya así a la recuperación económica".

El escrito, promovido por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), cuenta con la firma de otros trece colectivos: Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Andalucía (ACTA); Asociación de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes de Andalucía (Aeopaa-Apria); Asociación de Orquestas Profesionales de Andalucía (TOP); Asociación de Músicos profesionales de España, sección Andalucía; Colectivo Red de Cómics; Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA); o el Observatorio Andaluz de Economía de la Cultura y el Desarrollo (Oikos).

Además, se indica en nota de prensa, también han firmado este escrito la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía (UPTA-A); Asociación de Compañías y Profesionales para el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD); Arqueólogos Autónomos de Andalucía (Arauta); Asociación de Editores de Andalucía (AEA); Asociación Andaluza de Bibliotecarios; y Unión de Artistas Visuales de Andalucía (uavA).

El presidente de GECA y promotor del documento, Rafael Burgos, destaca "la cantidad y variedad de colectivos firmante" incluyendo algunos que podrían parecer menos afectados por el aumento del IVA como los bibliotecarios. Esto refleja, en su opinión, "la preocupación generalizada del sector", ya que "el empobrecimiento cultural y la perdida de diversidad que va a generar el aumento del IVA y los recortes en Cultura afectan al conjunto de colectivos, con independencia de cómo lo haga en cada sector cada medida concreta".

Y es que los firmantes consideran que el aumento del IVA aprobado "repercutirá negativamente en la producción, distribución y exportación de bienes y servicios culturales, deteriorando aún más la situación del sector que atraviesa un momento extremadamente difícil por la reducción generalizada de los recursos públicos destinados a cultura". Asimismo, los profesionales consideran que el aumento del IVA no va a generar ingresos significativos para los fondos públicos, pero sí va a comprometer la viabilidad de empresas y proyectos, amenazando miles de puestos de trabajo, reduciendo la demanda y aumentando las desigualdades sociales.

Estos agentes culturales recuerdan que el sector cultural se ve afectado de forma muy negativa y generalizada por el aumento del IVA decretado por el Gobierno, ya que el aumento del IVA antes reducido afecta a las entradas de espectáculos, cines, teatros, circos, conciertos y a la facturación de otros servicios culturales, y el incremento del tipo impositivo general a los libros electrónicos, videojuegos y otros servicios auxiliares que son necesarios para la actividad cultural.

Esta nueva medida "lesiva" para el sector de la cultura a suma a la incertidumbre que genera la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, por cómo podría afectar a las competencias en cultura de Ayuntamientos y Diputaciones, "la dilación y escasa transparencia con la que se está gestando la anunciada Ley de", así como los recortes presupuestarios del Ministerio de Educación, Cultura y deporte, la Consejería de Cultura y Deporte, las ocho diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

Respecto a la Ley de mecenazgo, califican de "incomprensible y contradictorio aumentar el IVA que afecta a los usuarios y espectadores de actividades y servicios culturales, a la vez que se afirma estar trabajando en la elaboración de la Ley para incentivar fiscalmente la aportación de recursos al sector de la cultura".

Igualmente, las 14 organizaciones firmantes recuerdan que en el sector cultural desarrollan su actividad miles de trabajadores, autónomos y empresas: creadores, intérpretes, restauradores, productores, distribuidores, programadores, gestores, técnicos especializados y un largo etcétera de servicios auxiliares; y destacan la influencia de la producción de bienes y servicios culturales en otras áreas de actividad económica y el empleo en sectores como el turismo, la hostelería, el transporte, las empresas tecnológicas y el ocio.

Además, ponen de relieve la incidencia directa de la cultura en la calidad de vida de los ciudadanos y en su desarrollo educativo, social e identitario, lo que justifica que la Constitución Española otorgue a la Cultura la consideración de derecho ciudadano, por lo que "los poderes públicos deben garantizar y promover las condiciones que lo hagan efectivo".

Por ello, piden que las administraciones se impliquen en trasladar de forma eficaz a la sociedad y a los medios de comunicación el valor de la cultura, ya que el sector cultural nunca ha recibido un trato comparable al dado a otros sectores, "pese a que atesora enormes posibilidades de generar empleo y dinamismo para otras sectores económicos". Con el escrito, los colectivos profesionales y empresariales han querido trasladar al Gobierno y a la opinión pública su preocupación por la forma en que las medidas gubernamentales están afectando a la cultura y alertan por la cantidad y variedad de empleos cualificados y directos amenazados por las mismas.