Calparsoro archiva las diligencias de investigación sobre supuestas irregularidades informáticas en Justicia

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha acordado el archivo de las diligencias de Investigación que abrió tras la denuncia por el Gobierno vasco de un supuesto fraude de 23 millones de euros en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía considera que no se han acreditado hechos constitutivos de delito.
Juan Calparsoro
Juan Calparsoro
EUROPA PRESS

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha acordado el archivo de las diligencias de Investigación que abrió tras la denuncia por el Gobierno vasco de un supuesto fraude de 23 millones de euros en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía considera que no se han acreditado hechos constitutivos de delito.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dio por cerrada este viernes la investigación que ha realizado para determinar si los hechos pueden ser constitutivos de delito y si, por tanto, remite las actuaciones al Juzgado para realizar la instrucción.

El Ejecutivo autonómico presentó en la Fiscalía el día 9 de febrero la documentación sobre las supuestas irregularidades detectadas en los contratos informáticos. El Departamento de Justicia entregó un informe en el que explicaba que había detectado "graves" irregularidades en una quincena de ellos por un importe que supera los 23 millones de euros.

El documento señalaba que se habían pagado sistemáticamente con dinero público trabajos no realizados y, en ocasiones, por las mismas aplicaciones. En este sentido, apuntaba que ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se han ejecutado en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera se han iniciado.

La documentación del Ejecutivo establecía que muchas de las aplicaciones informáticas habían sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores. Asimismo, apuntaba que las presuntas responsables de estas irregularidades serían la exdirectora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada De Miguel, y la responsable del Departamento de Informática y 'número dos' de ésta, Ana Isabel Molina.

Ambas han prestado declaración durante la investigación realizada por el Fiscal Superior vasco y en su testimonio han negado que hayan cometido fraude. Además, también han comparecido responsables de las empresas informáticas a las que se adjudicaron esos trabajos, como Ibermática o Indra.

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