El PP de Málaga ha advertido de que el inicio del curso escolar podría "peligrar" en las guarderías de la provincia "como consecuencia de los impagos" de la Junta de Andalucía con las empresas que gestionan estos centros educativos. Por ello, los 'populares' han informado de que se presentará una iniciativa parlamentaria para exigir que el Gobierno andaluz "cumpla con lo comprometido".

Así lo han informado este viernes el coordinador General Francisco Oblaré y la parlamentaria andaluza Antonia Ruiz tras mantener una reunión con representantes del colectivo de guarderías.

Oblaré ha acusado al Gobierno andaluz de "falta de sensibilidad social debido a la situación de emergencia y asfixia económica" que sufren la mayoría de las 270 escuelas infantiles conveniadas de la provincia, "a las que la administración autonómica adeuda las cantidades correspondientes a los meses de mayo, junio y julio".

Además, ha advertido de que se trata de "una deuda que podría incrementarse en las próximas semanas porque los responsables de las escuelas creen que la Junta no les pagará tampoco una cantidad correspondiente al mes de agosto que fue acordada el pasado año".

En este sentido, ha añadido que, además de no construir plazas públicas, la Junta de Andalucía "está castigando con un recorte brutal a las escuelas infantiles que mantienen convenios y que no van a recibir su subvención". Por ello, ha añadido que "no sólo se pone en peligro los puestos de trabajo y las propias empresas, sino lo que es más importante, se juega con la educación de los niños y la concililación familiar", ha manifestado.

Por su parte, Ruiz ha explicado que en estas circunstancias y "si no se alcanza al menos un acuerdo sobre un calendario de pagos, la mayor parte de las guarderías de la provincia tendrán dificultades para abrir sus puertas el 1 de septiembre".

En la provincia de Málaga se encontrarían en esta situación 270 escuelas conveniadas, que existen 2.000 trabajadores sobre los que pesa la incertidumbre de su continuidad y más de 18.000 plazas conveniadas, según los datos dados a conocer por la parlamentaria andaluza.

Al respecto, ha explicado que la proposición no de ley presentada exigirá a Educación "que elabore ese calendario de pagos que al menos permita a las empresas organizar y planificar su funcionamiento".

En la proposición, el PP también reclamará que se mantenga un compromiso adquirido el pasado año para el pago de las partidas correspondientes al mes de agosto y que la administración autonómica inicie conversaciones con la comunidad educativa en torno a la necesidad de hacer un replanteamiento de su propio sistema de educación infantil, bajo el objetivo de favorecer la conciliación familiar y, en especial, de ayudar a las familias más desfavorecidas.

Por otro lado, Oblaré ha creído "inconcebible" que desde la delegación de la Junta en la provincia y desde el ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) "se estén dando toques de atención a golpe de teléfono y apercibiendo a aquellas guarderías que se movilizan o hacen declaraciones a los medios de comunicación", según han trasladado los representantes de las guarderías.

Ante estos hechos, ha señalado que el PP respaldará a los trabajadores de las guarderías y a las familias, y defenderá sus derechos ante las prácticas "poco democráticas" que está demostrando la Junta de Andalucía.