El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, interno en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el pasado día 24 de abril por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado a la juez Mercedes Alaya su puesta en libertad sin fianza tras no poder reunir los 450.000 euros de la fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado día 12 de julio.

Fue el pasado día 24 de julio cuando el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, presentó este escrito en el que pide a la magistrada su puesta en libertad sin fianza, o bien una "rebaja sustancial" de la fijada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, o bien que "permita que la que se fije pueda ser consignada en cualquier forma legalmente establecida".

El letrado acompaña su escrito de distinta documentación en la que figura que su cliente cobraba 93.000 euros anuales como consejero y 60.000 euros como presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, han informado fuentes del caso. Tras ello, la magistrada ha dado a las partes personadas un plazo de un día para que se pronuncien sobre dicha petición, que será resuelta con casi toda probabilidad durante la próxima semana.

Recientemente, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial dictó una providencia en la que rechazaba el escrito presentado por el abogado del exconsejero para que se rebajase el importe de la fianza de 450.000 euros en metálico fijada para su puesta en libertad, todo ello "al tratarse la resolución que se pretende recurrir de un auto dictado por este tribunal como órgano de apelación, carente de recurso ordinario alguno y como se especificó expresamente en su parte dispositiva".

En el auto donde la Audiencia Provincial fijaba la libertad bajo fianza, consideraba que la medida privativa de libertad "debe ser atenuada", ya que tanto el riesgo de fuga como el de la posibilidad de que obstruya la instrucción "no pueden desconocer lo que los datos objetivos apuntan, esto es, que si hubiese sido intención del imputado eludir la acción judicial u obstruir la instrucción, tiempo ha tenido para hacerlo".

Al hilo de ello, señala que, desde que recibió el burofax con su imputación a las 10,00 horas del 14 de marzo de 2011 hasta su declaración el 20 de abril de 2012, "han transcurrido 13 meses, tiempo más que suficiente para, estando su defensa personada y siendo conocedora del avance de la instrucción, hubiera podido eludir la acción judicial, como puedo hacerlo una vez conocida la imputación, pues la toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían".

"Este dato no ha sido valorado en sus justos términos y es sin duda relevante", subraya la Audiencia, quien concluye que, por tanto, "no podemos aceptar que el riesgo de fuga en este caso sea motivo que justifique la permanencia de la situación de prisión".

Sobre la posible obstrucción de las actuaciones a la que alude la juez Alaya por la influencia del exconsejero en imputados o testigos, la Audiencia señala que "tampoco puede ser argumento que justifique la prisión, pues estimamos que la influencia que pudiera ejercer el imputado, de querer hacerlo, no se conjuraría con la privación de libertad".

Fianza "proporcionada" a las circunstancias del caso

Así, señala que el imputado "se encuentra desvinculado de cargos políticos desde que abandonara" la Consejería de Empleo, aunque "desconocemos si, a día de hoy, permanecen en puestos decisorios de tal Consejería personas de su etapa al frente, e ignoramos el grado de influencia que pudiera conservar, apartado de la actividad política y dada su situación en la causa".

No obstante, prosigue, "consideramos que la gravedad de los hechos en los que se encuentra inmerso y la necesidad de asegurar su sujeción a la causa penal justifica que la modificación de su situación personal se condicione a severas cautelas que aseguren su disponibilidad y que serán de naturaleza económica y personal", aunque considera que "la extraordinaria cuantía de la malversación en que en principio se encuentra incurso —la juez ha fijado una fianza civil de 807 millones— no puede servirnos exclusivamente de parámetro para fijar la cuantía de la fianza personal, que haría ilusoria cualquier posibilidad de elusión de la privación de libertad".

Además, "no contamos con datos relativos a la situación patrimonial del imputado", aunque "ha permanecido en cargos públicos de alta responsabilidad durante más de una década con las remuneraciones consiguienetes", por lo que, "con tales datos, estimamos adecuada fijar una fianza de 450.000 euros, suma proporcionada a las circunstancias del caso".