El Gobierno regional ha aprobado el anteproyecto de Ley de fomento económico, simplificación administrativa y evaluación de los servicios públicos, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento y eficacia de la Administración y contribuir al desarrollo económico.

En el primer año de aplicación de esta Ley serán más de 1.300.000 los documentos que no se solicitarán, por lo que la Consejería de Economía y Hacienda prevé reducir un 55 por ciento el tiempo medio de tramitación de expedientes, y disminuir un 60 por ciento el coste de las cargas burocráticas a empresas y ciudadanos.

Con la simplificación administrativa se eliminan cargas administrativas innecesarias, para lo que se suprimirán aquellos trámites que no añaden valor al expediente y se evitará solicitar documentos que ya se encuentren en la propia Administración.

La aplicación de estas medidas supondrá una reducción de la documentación requerida y una mayor transparencia e información para el administrado, además de acortarse los plazos para la conclusión de los trámites.

Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, esta Ley introduce el compromiso de que todos los procedimientos administrativos puedan iniciarse telemáticamente en 2013, y que los interesados puedan efectuar telemáticamente el seguimiento de sus expedientes.

Para ello, la Ley regula una plataforma de interoperabilidad que supone el acceso a la información, no sólo de la Comunidad Autónoma, sino también de otras administraciones que van a estar conectadas con ella.

El objetivo es conseguir una Administración electrónica "efectiva, que suponga un ahorro económico y una reducción de plazos a través del fomento del uso de las tecnologías en sus relaciones con empresas y ciudadanos", ha añadido Bernal.

El anteproyecto incluye un capítulo específico de impulso económico, para favorecer el desarrollo de las inversiones clasificadas como proyectos estratégicos.

Nuevos instrumentos para agilizar la administración

Asimismo, se fomentará el uso de figuras novedosas en la legislación autonómica, como el uso de la declaración responsable, el uso de la comunicación previa y de la licencia condicionada.

Bernal ha explicado que la declaración responsable es una comunicación previa que hace el administrado, persona física o jurídica, en la que manifiesta que cumple con los requisitos que se exige para una determinada necesidad administrativa, y acredita la documentación a su disposición.

La Administración comprobará a posteriori que, efectivamente, el administrado cumple estos requisitos, y no a priori como se hacía hasta ahora. De esta manera, la Administración puede librar una licencia condicionada, que permite operar al ciudadano a falta de que se comprueben esos requisitos.

El consejero ha señalado que el Gobierno regional creará una única unidad administrativa para tratar todo lo que tenga que ver con la creación de proyectos empresariales y con el inicio de actividades empresariales.

Por otra parte, Bernal ha anunciado que se aprobará una memoria de impacto normativo, que pretende "dificultar que se puedan implantar nuevas normas que supongan una mayor dificultad administrativa".

En este sentido, ha señalado que toda norma que quiera implantarse con posterioridad a la aprobación de la Ley, tendrá que justificar y documentar cuál es la situación administrativa del proyecto y cuál es la justificación de las nuevas medidas.

Bernal, quien ha señalado que la Ley prevé seis meses de plazo desde su aprobación para la efectiva implantación de todos instrumentos, que pueden afectar a más de 580 procedimientos.

Por su parte, los proyectos estratégicos se regulan por esta Ley, se definen y adquieren carta de naturaleza legal, con una serie de derechos, entre los que se encuentran que todos sus plazos administrativos quedarán automáticamente reducidos al 50 por ciento.

Asimismo, el anteproyecto regula un sistema de evaluación a la Administración regional, que impulsará la cultura de responsabilidad y control de la acción pública mediante un seguimiento de la consecución de resultados y la implantación de indicadores de calidad en todos los departamentos.