La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha suspendido la declaración prevista para el próximo lunes de un arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense imputado en el marco de las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la declaración del imputado estaba prevista para el próximo lunes día 30 de julio, pero finalmente ha sido suspendida después de que no se haya podido notificar la citación al imputado, Alfredo Delmo Suárez, que por tanto no ha podido ser localizado.

Por el momento, se mantiene para el próximo día 13 de septiembre la declaración como testigo del presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos, José María Morillo.

En el auto en el que imputó al que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, la magistrada reclamaba a la Policía Judicial que informara "sobre el departamento o servicio de la Gerencia de Urbanismo encargado de revisar la finalización de las obras de urbanización con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación" concedida a 'Sanma' sobre los edificios levantados en terrenos de Mercasevilla.

Así, la juez interesó información sobre las personas responsables de tales labores en las fechas sujetas a investigación y, de hecho, solicitó en concreto que la Policía Judicial averiguara "si el técnico que inspeccionó dichas obras fue Alfredo Delmo Suárez".

Los imputados

Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados en esta línea de investigación la que fuera en la fecha de los hechos directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, y el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla Jorge Piñero.

Asimismo, permanecen imputados la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la que era ese momento subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el que fuera en la fecha de los hechos aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.