El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dará por cerrada este viernes la investigación que abrió tras la denuncia por el Gobierno vasco de un supuesto fraude de 23 millones de euros en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autónomico entre los años 2000 y 2009.

Con la toma de declaración mañana de la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, de la directora del Departamento, Marta Higueras, y del director para la Modernización de la Administración de Justicia, Jesús García Arejula, Calparsoro finalizará las indagaciones que ha realizado para determinar si los hechos pueden ser constitutivos de delito y si, por tanto, remite las actuaciones al Juzgado para realizar la instrucción.

La decisión la adoptará la próxima semana el máximo representante del ministerio público en Euskadi a través de una resolución que notificará a las partes.

En declaraciones a Europa Press, Juan Calparsoro ha insistido en que el tema es "serio", dadas la cantidades de dinero público que supondrían estas irregularidades de confirmarse que se han cometido. No obstante, ha destacado que se trata de determinar si ha habido "delito o no".

En todo caso, ha aseverado que, aunque se llegue a la conclusión de que no ha habido hechos delictivos, se tendrían que "corregir prácticas y actuaciones administrativas", y no descarta que se hagan reclamaciones económicas.

El Ejecutivo autonómico presentó en la Fiscalía el pasado día 9 de febrero la documentación sobre las supuestas irregularidades detectadas en los contratos informáticos. El Departamento de Justicia entregó un informe en el que explicaba que había detectado "graves" irregularidades en una quincena de ellos por un importe que supera los 23 millones de euros.

El documento señalaba que se habían pagado sistemáticamente con dinero público trabajos no realizados y, en ocasiones, por las mismas aplicaciones. En este sentido, apuntaba que ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se han ejecutado en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera se han iniciado.

La documentación del Ejecutivo establecía que muchas de las aplicaciones informáticas habían sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.

RESPONSABLES

Asimismo, apuntaba que las presuntas responsables de estas irregularidades serían la ex directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada De Miguel, y la responsable del Departamento de Informática y 'número dos' de ésta, Ana Isabel Molina.

Ambas han prestado declaración durante la investigación realizada por el Fiscal Superior vasco y en su testimonio han negado que hayan cometido fraude. Además, también han comparecido responsables de las empresas informáticas a las que se adjudicaron esos trabajos, como Ibermática o Indra.

Fue el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, quien encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa. Posteriormente, se hizo cargo de este asunto María Victoria Cinto, que ha realizado el informe entregado al ministerio público.

Por su parte, tres licenciados en Informática de la firma Versia, autores del estudio técnico sobre las presuntas irregularidades en los expedientes del Departamento de Justicia durante el mandato del anterior Gobierno, han ratificado sus conclusiones ante Juan Calparsoro.