La Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC) ha presentado una demanda ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander contra el alcalde de Liérganes, Pedro Diego Cabarga (PSOE), por la supresión de las dos plazas de auxiliares de policía local en este municipio, ya que consideran que podría haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, así como en un tercero contra la libertad sindical.

Esta denuncia, que apoyan el resto de sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, COO, USO y CSIF), se suma a la querella promovida por los dos afectados contra el regidor, al que acusan de injurias con publicidad, por el buzoneo de cartas entre los vecinos del municipio.

La querella de APLC tiene por objetivo que el juzgado de lo Contencioso Administrativo valore si hay indicios de delito penal y lo traslade a este ámbito jurídico, según ha indicado este jueves en rueda de prensa Fernando Dou, portavoz de APLC.

Acompañado de Nicolás Ruiz (UGT), Carlos Merino (USO) y Fidel Noriega (UGT), Dou ha explicado la desaparición de las dos plazas se llevó a cabo a raíz de un acuerdo del Pleno municipal (que contó con los votos a favor de socialistas y regionalistas) pese a existir un informe en contra del secretario del Ayuntamiento, que avisaba de un posible delito de prevaricación.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, consideran que hay delito al haberse abonado 15.000 euros a un abogado que se apellida "Bocanegra" por realizar un informe verbal, pero sin ningún soporte que justifique tal abono.

Además de pedir que el juez investigue estos hechos por si son constitutivos de delito, los sindicatos reclaman que los dos trabajadores vuelvan a su cargo, algo que ven "legítimo y normal".

Piden así que la situación de ambos afectados se retrotraiga al pasado 13 de enero, fecha en la que "empezó el problema" y que desencadenó la "represalia pura y dura" contra estos dos policías.

Y es que, como ha recordado Dou, ese día se convocaron elecciones sindicales y uno de los afectados resultó elegido delegado, lo que fue el "detonante" para suprimir las dos plazas de auxiliares de policía local. De ahí, ha indicado, la supuesta comisión de un delito contra la libertad sindical.

Acoso y persecución

Fernando Dou ha censurado el "acoso y persecución" al que, según ha dicho, se han visto sometidos los dos agentes por parte del alcalde tras la desaparición de sus puestos.

Según ha concretado, se les ha "grabado con cámaras", les han "abierto las taquillas" y se les ha hecho "vacío de competencias", ya que han quedado "como peones", extremo "inaudito en nuestro país", ha apostillado.

Y todo ello, ha manifestado el portavoz de APLC, por "capricho" de un alcalde que se ha "saltado a la torera" las normas de derecho laboral.

Dou ha indicado también que el regidor ha encargado al alguacil "buzonear una carta" a todos los vecinos de Liérganes y Pámanes, los dos núcleos del término municipal, misiva que también está colgada en la web del Ayuntamiento y en la que, según ha señalado, se imputa a ambos efectivos ciertos "delitos", —como que "no vestían el uniforme" o que "no eran policías"—, de ahí que hayan presentado una querella por injurias con publicidad.

Finalmente, ha señalado la "paradoja" que supone que una concejala liberada cobre 1.800 euros (a los que se suman 79 por la asistencia a comisiones, plenos y reuniones), frente a los 1.180 que ganaban cada uno de los auxiliares de Policía Local.