El Pleno del Parlamento andaluz ha expresado este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, su rechazo a los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy va a poner en marcha a través del real decreto-ley del día 13 sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y ha demandado un reparto más justo del objetivo de déficit entre las comunidades autónomas y la administración central.

La Cámara andaluza ha acogido un debate general, en una sesión extraordinaria del Pleno, sobre la incidencia en Andalucía de los recortes y medidas de ajuste incluidas en dicho decreto. Los grupos han planteado un total 66 propuestas de resolución (PP-A 27; PSOE-A 18 e IULV-CA 21), de las que fueron aprobadas todas las del grupo socialista; 19 de las 21 de Izquierda Unida y solo una del grupo popular. Cuatro propuestas contaron con la unanimidad de la Cámara.

El Pleno ha manifestado, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y con la oposición del PP-A, su rechazo al citado real decreto-ley porque las medidas que recoge afectan a las rentas medias y a los más desfavorecidos; disminuirá los ingresos familiares; contribuirán a incrementar desigualdades económicas y sociales, y se resentirá el consumo y, en consecuencia, la actividad económica.

Para la Cámara andaluza, la aplicación de esas medidas va a provocar a corto plazo una mayor recesión de la economía andaluza y española y más desempleo, lo que dificultará que se restablezca la confianza y la credibilidad necesarias para iniciar la recuperación.

El Parlamento a instado a la Junta a que demande al Gobierno central, por un lado, que, en beneficio de la empleabilidad de los parados, modifique el criterio de reparto aplicado a las políticas activas de empleo y desarrolle medidas correctoras que permitan a Andalucía hacer frente a la reducción de las partidas y, por otro, que incremente los recursos destinados al desarrollo de la Ley de Dependencia.

Acuerdos políticos

Asimismo, la Cámara ha expresado su respaldo y apoyo, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, a la iniciativa que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha planteado durante su intervención en este debate sobre la necesidad de alcanzar un "gran pacto" por Andalucía.

En esta línea, el Parlamento ha acordado por unanimidad, en virtud de una propuesta del PP-A, la necesidad de que los partidos redoblen sus esfuerzos para lograr acuerdos, compartidos con los agentes sociales y económicos, tendentes a superar la crisis económica y social; un pacto presupuestario que garantice la prestación de servicios públicos, y un programa de reformas estructurales que modernice esta comunidad en el objetivo de la creación de empleo.

Otra demanda a la Junta consiste en que reclame al Gobierno de la Nación que reconsidere el reparto del objetivo de déficit entre comunidades y administración central para este ejercicio y los dos siguientes en proporción a las competencias que las regiones tienen reconocidas en materia de servicios públicos esenciales.

El Pleno también ha instado a la Junta a pedir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que promueva un cambio legislativo que permita a las comunidades participar en la mayor recaudación por IVA e impuestos especiales, con efectos desde 2010.

Asimismo, de acuerdo con sendas propuestas de resolución del PSOE-A, el Parlamento ha acordado por unanimidad instar a la Junta a que reclame al Gobierno la puesta en marcha de actuaciones que promuevan la recuperación económica y a que se persiga activamente el fraude fiscal.

Por unanimidad se ha acordado, en virtud de una propuesta de Izquierda Unida, que la Junta inste al Gobierno central al reordenamiento de las competencias locales para permitir definir los costes de los servicios públicos, junto con los recursos que garanticen la suficiencia financiera y la capacidad de gestión de los ayuntamientos, pudiendo hacer efectivo el proceso de segunda descentralización.

Una de las propuestas rechazadas de IULV-CA es la relativa a que la Junta demandara al Gobierno central un recorte del 15 por ciento del gasto de la Casa Real; la supresión de la subvención que recibe la Iglesia Católica a través de aportaciones vía IRPF; la supresión del gasto de la cuota participativa de España en la OTAN y el de participación del ejército español y fuerzas de seguridad del Estado en conflictos bélicos, y la eliminación de los centros de internamiento de extranjeros.

La mayoría de las propuestas del PP-A planteaban en su mayoría el respaldo a las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, al tiempo que proponían el rechazo, por su incidencia negativa en Andalucía, de la "irresponsable e ineficaz política económica y financiera" llevada a cabo por el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.