La reforma legislativa que permitirá que las televisiones autonómicas se privaticen total o parcialmente ha sido aprobada este miércoles en el Congreso con los votos favorables del grupo popular y CiU y en contra de PSOE, PNV e Izquierda Plural.

El resultado de la votación ha sido de 194 votos a favor, 112 en contra y 12 abstenciones, mientras que, en una votación distinta, la práctica totalidad de la cámara se ha pronunciado a favor de hacer expresa la protección de los menores contra contenidos que pudieran dañar su formación y sensibilidad.

La reforma permitirá que las comunidades autónomas puedan decidir privatizar totalmente la titularidad de su televisión autonómica o adoptar una privatización parcial, como por ejemplo ceder a productoras privadas la gestión de determinados programas o incluso solamente la producción de determinados contenidos, entre ellos los informativos.

Según algunos grupos la reforma "llega tarde y fuera de tiempo" La Ley General de Comunicación Audiovisual es a partir de ahora más flexible en cuanto a la entrada de gestión o producción privada en las radio-televisiones autonómicas, pero incluye una prohibición expresa, la de emitir pornografía o violencia en horario infantil.

El proyecto de modificación de la citada ley, que ya pasó por el Congreso hace semanas, ha cambiado en su tramitación parlamentaria, porque el Senado incorporó una enmienda, firmada por todos los grupos de la cámara alta, para incluir esta prohibición expresa.

Los cambios introducidos en el Senado, para que los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores estén reservados al horario comprendido entre las 22.00 y las 06.00 horas y vayan precedidos de un aviso acústico y visual, han obligado a que este miércoles el Congreso haya vuelto a debatir el proyecto para su aprobación definitiva.

En el debate de esta tarde el portavoz socialista, Juan Luis Gordo, alertó sobre el avance hacia la enajenación del servicio público de televisión que representa la reforma.

Gordo expresó que el proyecto representa un paso atrás y que, además, llega tarde y fuera de tiempo, lo que demuestran, por ejemplo, los Expedientes de Regulación de Empleo en televisiones como la valenciana.

Desde el grupo popular, la diputada Macarena Montesinos defendió que el proyecto da libertad a las comunidades autónomas para decidir cómo quieren gestionar sus televisiones públicas y además les da un instrumento para la estabilidad presupuestaria.

La privatización total o parcial de las televisiones autonómicas fue anunciada por el PP durante la campaña electoral y, tras el informe favorable de la Comisión Nacional de la Competencia, el Gobierno anunció que ponía en marcha el proyecto el pasado mes de abril.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció entonces además que la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.