El que algo quiere algo le cuesta. Las comunidades autónomas que no puedan afrontar sus vencimientos de deuda y decidan acogerse de forma voluntaria al fondo de liquidez de 18.000 millones de euros del Estado tendrán que someterse a una serie de condiciones establecidas por el Gobierno. Aunque algunas rechazan que solicitar esta ayuda sea pedir un rescate, lo cierto es que la Administración central ejercerá un control mucho mayor sobre sus cuentas y les hará exigencias presupuestarias y financieras. El plazo para adherirse a este fondo termina el próximo 31 de diciembre.

De momento, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña han anunciado su intención de adherirse al fondo de liquidez, una vez que se ponga en marcha.

Comunidad Valenciana: El pleno del Gobierno valenciano acordó el viernes 20 de julio solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico, que permitirá a la Generalitat "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012". Su consejero de Economía, Máximo Buch, pronosticó que todas las comunidades autónomas tendrán que acudir finalmente al fondo "incluyendo las que se están haciendo un poco las remolonas".

Murcia: Este Gobierno regional manifestó en "reiteradas ocasiones" que está estudiando adherirse al fondo de liquidez, aunque ha insistido en que "no hay una decisión al respecto" ya que dependerá de la evolución económica y del funcionamiento del Plan de Reequilibrio puesto en marcha el 1 de julio.

Cataluña: La Generalitat catalana dio a entender este martes que pedirá ayuda al Estado para poder financiarse, a través del fondo. Su portavoz, Francesc Homs, ha rechazado que esta petición sea un "rescate", ya que es una "cuarta línea de crédito ICO" a la que acude la comunidad. La decisión "aún no está tomada", ha dicho Homs, porque, entre otros motivos, todavía "no se ha habilitado formalmente".  Cataluña necesita hacer frente durante este segundo tramo del año a vencimientos de deuda por un valor de 5.755 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ya está chequeando las cuentas de alrededor de diez comunidades por las dudas sobre si lograrán reducir el déficit al 1,5% comprometido para este año. Las siguientes comunidades en adherirse a la ayuda podrían ser Aragón y Castilla-La Mancha, por las declaraciones de sus gobernantes, y Andalucía y la Comunidad de Madrid, por el montante de su deuda.

Aragón: Aragón todavía no ha decidido si acude al mecanismo, según su consejero de Hacienda, José Luis Saz. Esta autonomía, cuyas cuentas están siendo revisadas por el Gobierno de España, pedirá ayuda "si eso significa obtener financiación más barata".

Castilla-La Mancha: El PSOE regional ha pronosticado que esta comunidad autónoma tendrá que pedir ayuda al Gobierno antes del fin de semana, dada la falta de ingresos para hacer frente a los pagos. Sin embargo, la presidenta de esta comunidad, María Dolores de Cospedal, aseguró este martes que no se ha planteado "nada por ahora" respecto a este fondo de liquidez autonómico.

Cada vez más gobiernos regionales anuncian que se acogerán al fondo o que están estudiando hacerlo. Una reacción en cadena que podría implicar que todas o casi todas las comunidades acabasen adheriéndose a él. La Comisión Europea ha considerado "suficiente" el volumen del fondo de liquidez de 18.000 millones de euros y su portavoz, Antoine Colombani, ha dicho que no cree que las necesidades de las autonomías superen el monto asignado. Sin embargo, éstas afrontan unos vencimientos de deuda en el segundo semestre de unos 15.666 millones de euros, lo que dejaría el fondo bajo mínimos.

La Rioja: Su presidente, Pedro Sanz, ha afirmado que la comunidad no acudirá a este fondo y seguirá financiándose en el mercado "como lo está haciendo actualmente". Aunque no solicitará su adhesión, Sanz ha resaltado que se trata de un mecanismo que hay que ver en términos de colaboración y cooperación del Gobierno con las comunidades autónomas para que se financien "de forma más barata que los mercados actuales y puedan dar continuidad a los proyectos territoriales".

Asturias: Tras manifestar durante la pasada semana que a corto plazo no necesitará acudir al fondo, Asturias ha insistido en su convicción de que su "solvencia y salud financiera" facilitará la búsqueda de la financiación que necesita, según la consejera de Hacienda y Sector Público del Principado, Dolores Carcedo. Además, Asturias ha dado a conocer que deberá ajustar su presupuesto en unos 300 millones de euros en dos años para adecuarse al nuevo objetivo de déficit del 0,7 % para 2013.

En virtud de lo fijado por el decreto ley del 14 de julio, las comunidades que usen este instrumento de financiación extraordinario tendrán que someterse a una supervisión más estrecha por parte del Ministerio de Hacienda.