La Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad este martes, en el pleno ordinario adelantado de agosto, el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2012, con una aportación de 2,8 millones de euros para el presente ejercicio. No obstante, el citado plan cuenta con una financiación total de 12 millones, que está "garantizada" con una ejecución plurianual, ha informado la vicepresidenta y diputada de Economía del ente, Francisca Caracuel.

En la sesión plenaria de este mes se han aprobado varias modificaciones presupuestarias que se han planteado con anterioridad en una sesión informativa convocada de urgencia por el equipo de gobierno del Partido Popular. Esto ha llevado a los diputados de IU a ausentarse del pleno durante el tiempo en el que se han tratado estos puntos, alegando "falta de rigor total y absoluto" por parte del PP.

Caracuel ha destacado que tanto la ejecución como la financiación de dicho provincial "es completa", de forma que "quien cuestione" su financiación "está faltando a la verdad". Además, ha señalado que este año los 'populares' están ejecutando planes de la década de los 90, que acumulan un presupuesto de 60 millones de euros. En esto, según Caracuel, hay "mucho de incompetencia y de irresponsabilidad".

La vicepresidenta ha comparecido momentos antes del pleno junto a la vicepresidenta tercera y responsable del Área de Ciudadanía, Ana Mata, y el portavoz del PP, Francisco Salado. Éste ha asegurado que, con estas medidas, no sólo "se va a garantizar el futuro de la Diputación", sino también "la prestación de los servicios públicos básicos y esenciales que demandan los ciudadanos a través de esta administración".

No obstante, PSOE e IU han manifestado sus críticas al respecto. Por un lado, el portavoz socialista, Francisco Conejo, ha considerado que aprobar dicho plan "con 10 millones en el aire" supone "una agresión", además de que no cuenta con ninguna financiación del Gobierno central. La coalición, por su parte, ha asegurado que esta partida de "apenas" tres millones de euros para 2012 "no garantiza" las inversiones en obras de los pequeños municipios.

Asimismo, se ha dado luz verde a la modificación de cinco millones para ampliar la Concertación de 2012, llegando hasta los 32 millones. Se espera que esta cantidad se haya transferido "en su totalidad" en octubre a los municipios de menos de 25.000 habitantes. Asimismo, se han aprobado otras cantidades que irán destinadas a los fondos del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) —1,6 millones euros—, así como a cubrir el abastecimiento de agua de los municipios.

Entre estas modificaciones también se encuentran la transferencia del remanente de Tesorería del Patronato de Recaudación Provincial (PRP), por valor de 12,8 millones de euros, para inversiones comarcales de la Diputación en la provincia. Según Caracuel, este traspaso se ha llevado a cabo "conforme a la legalidad" y "sin ningún reparo", como respuesta a las críticas vertidas por la oposición.

Y todas estas modificaciones, ha destacado la vicepresidenta, cuentan con "financiación garantizada", por lo que no será necesario pedir dinero y endeudar a la Diputación "con un euro más", al tiempo que supondrá "una inyección y un oxígeno económico en una situación de dificultad financiera de todas las administraciones", ha subrayado.

En cuanto al Patronato de Recaudación Provincial, los grupos de la oposición han registrado sendas mociones al respecto. Por un lado, se ha aprobado por unanimidad el primer punto de la propuesta socialista, en la que se insta al equipo de gobierno a mantener los objetivos, fines y viabilidad del PRP.

No obstante, el segundo punto, en la que se pide aplicar los resultados y remanentes de este organismo a la elaboración de planes de liquidez y tesorería de los municipios de la provincia; y la moción al completo de la coalición, dirigida a dar prioridad al acuerdo de Concertación y al cumplimiento del principio de actuación preferencial conforme al marco de competencias en los municipios menores de 20.000 habitantes, han sido rechazados.

Residencia los montes

La sesión plenaria ha contado con la asistencia de vecinos, sindicatos y trabajadores de la residencia Los Montes de Colmenar (Málaga), que se han manifestado en contra de su anunciado cierre. Las protestas han llevado a suspender el pleno durante aproximadamente una hora, quedando rechazadas dos mociones presentadas por PSOE e IU en oposición a esta medida.

Según los socialistas, esto supone "un desmantelamiento" de los servicios básicos, proceso que ya empezó con la Escuela de Enfermería, ha sostenido Conejo. IU, por su parte, considera que este anuncio pone "en tela de juicio" la oferta de plazas en estas residencias, ya que "se reubicarían a los 15 usuarios" que actualmente existen en ella, "pero del resto de plazas —un total de 34— no se dice absolutamente nada", ha lamentado la portavoz, Antonia Morillas.

En cuanto a los informes técnicos en los que se basa la Diputación para justificar esta medida, y que señalan que la residencia no está en condiciones de prestar dicho servicio, el PSOE afirma que en ellos "no se habla de cierre", sino de reformas. En este sentido, Mata ha recordado que el edificio es un hotel del siglo pasado "en muy malas condiciones" y que el coste de cada una de estas plazas asciende a 100.000 euros anuales.

Por tanto, se trata de "poner cierre donde hasta el momento ha habido desorden", al asumir unas competencias que no pertenecen al ente, sino a la Junta de Andalucía. "Cerramos por una cuestión de responsabilidad", ha defendido la diputada, al tiempo que ha afirmado que velarán por los trabajadores y que no han dejado "atrás a ninguna familia".

Fusión del patronato,

Sopde y emprovima

De igual forma, PSOE e IU han presentado sendas mociones referidas al estudio de integración del Patronato de Turismo de la Costa del Sol con la Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga (Emprovima) y la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), por parte del PP. El equipo de gobierno ha votado en contra de las mismas, informando el portavoz de que harán "un estudio para optimizar los recursos humanos y crear un organismo dedicado al turismo".

En la comparecencia previa, el resto de portavoces han mencionado a los ocho trabajadores del Patronato de Turismo que han sido despedidos —el 25 por ciento de la plantilla—, y han advertido del abandono de competencias en materia de promoción de la vivienda pública que supondrá esta fusión por parte de la Diputación. Y es que, según Morillas, ésta va "dirigida al turismo" y "en ningún caso garantiza los servicios" que esta institución venía prestando.

Pago de derechos de autor

Por otro lado, se ha aprobado, con el respaldo de todos los grupos políticos, una moción del PSOE sobre el pago de derechos de autor por parte de los municipios menores de 20.000 habitantes, en aras a abonar menos cantidad dada la "situación específica" de estos ayuntamientos. Según han defendido, estos municipios no buscan rentabilidad económica al poner música en una actividad, sino "rentabilidad social y promoción de la cultura".

También se ha dado luz verde al segundo punto de la moción de IU en relación con la regularización de los cargos de confianza. Así, se ha acordado cumplir con la recomendación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la cual ninguno de estos cargos en la Diputación percibirá más del 90 por ciento del salario máximo del presidente. Según ha especificado Morillas, en este ente existen tres personas que sí superan este límite.