Los consejeros de la Presidencia de Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja han acordado este lunes la creación de un grupo de trabajo para analizar y preparar las nuevas propuestas y espacios de colaboración que se incluirán en una segunda generación de los convenios ya suscritos con estas autonomías.

En concreto, las áreas de trabajo en común permitirán que los nuevos acuerdos sean formalizados por los presidentes autonómicos a partir de otoño con el principal objetivo de que los habitantes de las zonas limítrofes reciban la mejor prestación de servicios esenciales "y con ello se eleve su calidad de vida".

Además, los textos revisados fijan otros objetivos como minimizar los efectos de las "fronteras administrativas" que derivan de la pertenencia de los municipios de las zonas limítrofes de las comunidades autónomas. Según Presidencia, se trata de mejorar la accesibilidad a los servicios públicos, "con independencia de que sean prestados por uno u otro Gobierno, así como establecer alianzas donde se compartan recursos para contribuir al desarrollo común y proyectos orientados a la generación de riqueza y nuevas oportunidades".

Otro de los objetivos pasa por promover acuerdos con otras comunidades autónomas para impulsar medidas dirigidas a lograr mayor eficiencia y austeridad.

Por su parte, los cuatro consejeros —José Antonio de Santiago-Juárez, de Castilla y León; Leandro Esteban, de Castilla-La Mancha; Alfonso Rueda, de Galicia, y Emilio del Río, de La Rioja— han calificado el encuentro como "fructífero" y "muy positivo" para el avance en la cooperación horizontal entre los gobiernos de las distintas comunidades autónomas.

Según han recordado desde la Consejería de la Presidencia, la cooperación horizontal con otras comunidades autónomas, especialmente las limítrofes, es una prioridad del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que se comenzó a desarrollar en la anterior legislatura y volvió a cobrar relevancia en el Discurso de Investidura de esta legislatura.

En concreto, en la cooperación de segunda generación Herrera se marcó dos "grandes líneas de actuación", medidas o acuerdos dirigidos a lograr mayores cotas de austeridad y eficiencia, donde se promoverá la contratación conjunta de bienes y servicios y la posibilidad de dar un uso común a determinados dispositivos y servicios públicos, y la puesta en marcha de proyectos compartidos, orientados a la generación de riqueza, de empleo y de nuevas oportunidades.

En este caso concreto, se trata de establecer alianzas para desarrollar, por ejemplo, redes culturales y paquetes turísticos conjuntos, proyectos compartidos de Investigación, Desarrollo e Innovación, etc.

Protocolos de colaboración ya vigentes

El Protocolo de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene por objeto prestar especial atención a la asistencia sanitaria, dependencia, educación, mujer, infancia, personas mayores, jóvenes, protección civil, consumo, extinción de incendios, licencias de pesca, cultura y turismo, agricultura y ganadería, carreteras y transporte de viajeros.

Por su parte, el 20 de enero de 2010 la Junta de Castilla y León firmó un Protocolo de Colaboración con la Xunta de Galicia que abarca las materias de asistencia sanitaria, dependencia, educación, mujer, infancia, personas mayores, jóvenes, protección civil, consumo y comercio, actividad física y deportiva, emigración, transportes, función pública y modernización administrativa, cooperación transfronteriza con Portugal, economía e industria, administración local y ámbitos laboral.

Además, el Gobierno castellanoleonés y La Rioja rubricaron un Protocolo de Colaboración el 19 de junio de 2008 que, en un principio, tuvo en el objetivo de atender los temas de la asistencia sanitaria, dependencia, educación, mujer, infancia, personas mayores, jóvenes, protección civil, consumo, medios ambiente, cultura y turismo, agricultura y ganadería, función pública, justicia e infraestructuras.

El 8 de julio de 2009 se firmó una adenda para ampliar la asistencia sanitaria, medio ambiente, puntos de encuentro familiar, defensa jurídica, innovación, investigación y desarrollo, financiación empresarial, y el transporte.

Finalmente, el 10 de noviembre de 2010 se firmó una última adenda en la que se incluyeron temas como la dependencia, protección a la infancia y menores de edad, mujer, protección civil, medio ambiente, desarrollo rural, función pública y calidad de la administración, juventud, gestión tributaria y financiación autonómica.

Mayor participación de las comunidades autónomas

En total Castilla y León ha suscrito acuerdos con ocho comunidades limítrofes y ha iniciado los contactos con el Gobierno de Cantabria para que los acuerdos específicos ya vigentes se amplíen y se concreten en un protocolo que abarque todas las áreas de Gobierno.

En la mayoría de las ocasiones, los protocolos iniciales se han ampliado posteriormente y también se han suscrito acuerdos multilaterales. Según los datos aportados desde la Consejería de la Presidencia, con los "esfuerzos" y "compromisos" adquiridos hasta la fecha 40.000 ciudadanos se han beneficiado directamente de los acuerdos de colaboración y han recibido asistencia sanitaria o prestaciones de servicios sociales o educativos en una Comunidad distinta a la de residencia.

En los últimos cinco años, la Junta de Castilla y León ha firmado más de 30 acuerdos o protocolos sobre diferentes materias, como prestación de servicios básicos para la población de las zonas limítrofes o periféricas de la Comunidad, acuerdos en materia de violencia de género o en licencias de caza y pesca.

Asimismo, se han firmado acuerdos con las comunidades autónomas con territorio en Picos de Europa; con la Comunidad Valenciana para transferencia de aplicaciones informáticas; con las cinco comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago francés. En el marco de la Conferencia de Gobierno de las comunidades autónomas se han suscrito 13 acuerdos de colaboración en distintas materias y se consiguió el consenso con las 17 autonomías en relación con el dictamen de violencia de género que se presentó en el Comité de las Regiones en octubre de 2009.

Para la Junta, los "buenos resultados" de la colaboración se reflejan en ejemplos como los 21.000 ciudadanos que han sido atendidos en un hospital de otra comunidad autónoma por ser el más cercano a su residencia, el traslado de 600 expedientes de personas dependientes a otra comunidad o que 2.500 alumnos están cursando estudios en un centro escolar o de formación profesional de otra Comunidad.

En materia de Protección Civil y Emergencias, en Castilla y León se han atendido 16.000 llamadas del 112 derivadas de otras comunidades limítrofes, se han realizado 46 rescates conjuntos en zonas limítrofes y efectivos de Castilla y León han intervenido en la extinción de 60 incendios en otras comunidades.