La Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE Galicia) califica de "muy grave" el índice actual de economía sumergida que solo en la provincia de Pontevedra alcanza, según sus estimaciones, el 30%. "Y cada día se agrava más", lamenta el presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, que dice que esta situación avanza pese a que las medidas de control de la Administración "están dando resultado".

La Inspección de Trabajo, el Seprona y la Policía Autonómica son algunos de los organismos que actúan para erradicar esta práctica a instancias de entidades que, como APE Galicia, puso en marcha el pasado mes de enero una campaña para evidenciar esta problemática. Desde entonces, su directiva se ha reunido con la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno, Samuel Juárez.

"Los expedientes administrativos tienen una resolución lenta", explica el secretario general de la Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra (ATRA) y directivo de APE, José Manuel Rodríguez. "La Administración tiene que ser aún más dura a la hora de actuar y aplicar la máxima multa", añade José Ramón Caldas, pese a las "dificultades" que entraña combatirla.

Desde el año 2011 y en lo que llevamos de 2012, ATRA calcula que se han presentado cerca de 200 denuncias contra talleres ilegales en la provincia de Pontevedra. A raíz de esas actuaciones, "en la calle son conscientes de esa presión y algunos cesaron en su actividad, pero otros cambiaron de lugar o se ocultan más" y siguen trabajando "a puerta cerrada, en domicilios particulares y a ciertas horas, no de manera uniforme", precisa José Manuel Rodríguez.

En otros casos, sus promotores actuaban "por desconocimiento" y acabaron regularizándose. Precisamente, tanto desde ATRA como desde APE Galicia contribuyen a facilitar el acceso de los profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. "De hecho, ha subido el número de autónomos en España", señala José Ramón Caldas.

No obstante, el presidente de APE Galicia reconoce que "la situación está mal" a nivel económico y laboral, hasta el punto de que una medida como la subida del IVA va a ser "durísima" y repercutirá en el descenso del consumo. Aún así, confía en que sea "temporal" y "sirva para salir" de la crisis. "Europa nos exige y el Gobierno tiene que hacer algo", argumenta Caldas, que advierte que "nos queda mucho por sufrir, pero tenemos que acostumbrarnos y actuar con honradez".

En declaraciones a Europa Press, el representante de ATRA prevé que se produzca un repunte del fraude "a partir del cuarto trimestre" de 2012. Antes de la crisis, este sector daba empleo a unas 4.500 personas en la provincia de Pontevedra; actualmente la cifra ronda los 3.000 y, debido al "parón" en la actividad, "las plantillas bajaron al máximo y hay bastantes talleres que aplicaron un ERE", apunta Rodríguez, que asume que "a más parados, más economía sumergida", como si de un "círculo vicioso" se tratara.

Sectores afectados

No solo la reparación de vehículos está entre los sectores afectados; también la hostelería, debido a los "furanchos" irregulares que, según José Ramón Caldas, ejercen como auténticos restaurantes; los fontaneros y los electricistas, e incluso las rederas. "Hay jubilados del mar y pensionistas en general que cobran más barato y las dejan sin trabajo", critica el presidente de APE Galicia, que también se queja de la venta de vehículos en la vía pública, para lo que piden la intervención de los ayuntamientos a través de ordenanzas municipales que -como en Lugo- prohíban esa actividad.

"Es una vergüenza que quien cobra un sueldo se dedique, en sus horas libres, a hacer reparaciones o a vender productos", denuncia José Ramón Caldas, "perjudicando el puesto de trabajo de otras personas, en un país con cinco millones de parados".

PERFIL

Para la vocal de APE y representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Lucía Pedroso, la economía sumergida "no afecta de igual manera a toda la población", sino que tiende a un perfil concreto: "Suele superar los 40-50 años y con unos conocimientos de la actividad muy altos, es decir, que ya realizó esa actividad por cuenta ajena o, incluso sigue trabajando por cuenta ajena en otro centro, y ahora realiza esa misma tarea de manera fraudulenta después de su jornada laboral en su casa, o en otro lugar, para ganarse un dinerillo más".

Lucía Pedroso sostiene que la economía sumergida "afecta en menor medida a la gente joven", en base al "buen funcionamiento" de iniciativas como el Espacio Emprendedor de la AJE de Pontevedra, que ofrece 12 despachos -ocupados al 100% desde su puesta en marcha el pasado 1 de junio- para emprendedores cuyo proyecto es empresarial es tutorizado.

Otras 15 personas están recibiendo formación en un "semillero" para emprender su propio negocio y evitar que pasen a engrosar encuestas según las cuales "el 90% de las empresas que fracasan en sus primeros cinco años lo hacen por una mala gestión de sus administradores o falta de conocimientos", indica Lucía Pedroso.

Los colectivos de autónomos están dispuestos a seguir "redoblando esfuerzos", como vienen haciendo al menos en los últimos tres años, según José Manuel Rodríguez, para que la economía sumergida "se ataque por todos lados".