El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, tomará declaración la próxima semana a la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, en la investigación abierta tras la denuncia presentada por el Gobierno vasco por supuesto fraude de 23 millones de euros en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autónomico entre los años 2000 y 2009, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Con esta declaración, el máximo representante del ministerio público en Euskadi dará por finalizadas las actuaciones encaminadas a determinar si considera que los hechos pueden ser delictivos y si las remite al Juzgado para realizar la instrucción.

Una vez que cuente con el testimonio de Cinto, que ha querido comparecer por voluntad propia ante el Fiscal Superior, éste dará por concluida su investigación y emitirá su decreto final en el que determinará si archiva las actuaciones o las remite a la autoridad judicial.

El Gobierno vasco presentó en la Fiscalía el pasado día 9 de febrero la documentación sobre las supuestas irregularidades detectadas en los contratos informáticos. El Departamento de Justicia entregó un informe en el que explicaba que había detectado "graves" irregularidades en una quincena de contratos informáticos por un importe que supera los 23 millones de euros.

En él señalaba que se habían pagado sistemáticamente con dinero público trabajos no realizados y, en ocasiones, por las mismas aplicaciones. En este sentido, apuntaba que ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar íntegramente pagados en plazo, se han ejecutado en su totalidad y algunos de ellos ni siquiera se han iniciado.

La documentación del Ejecutivo establecía que muchas de las aplicaciones informáticas habían sido contratadas y pagadas varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores.

RESPONSABLES

Asimismo, apuntaba que las presuntas responsables de estas irregularidades serían la ex directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada De Miguel, y la responsable del Departamento de Informática y 'número dos' de ésta, Ana Isabel Molina.

Ambas han prestado declaración durante la investigación realizada por el Fiscal Superior vasco y en su testimonio han negado que hayan cometido fraude. Además, también han comparecido responsables de las empresas informáticas a las que se adjudicaron esos trabajos, como Ibermática o Indra.

Fue el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, quien encargó dos auditorias técnicas, una interna y otra externa. Posteriormente, se hizo cargo de este asunto María Victoria Cinto, que ha realizado el informe entregado al ministerio público.

Por su parte, tres licenciados en Informática de la firma Versia, autores del estudio técnico sobre las presuntas irregularidades en los expedientes del Departamento de Justicia durante el mandato del anterior Gobierno, han ratificado sus conclusiones ante Juan Calparsoro.