La Audiencia de Málaga ha condenado por un delito de blanqueo de capitales a una mujer que aceptó una oferta de trabajo como gestor de transferencias, que consistía en recibir en su cuenta bancaria dinero sin comprobar su posible origen ilícito, el cual tenía que remitirlo a otras personas. Se le imponen seis meses de prisión y multa de 7.600 euros.

Según se declara probado en la sentencia, la mujer contactó por correo electrónico con una empresa que le ofreció a cambio de 2.500 euros y un porcentaje por transferencias trabajar recibiendo determinados ingresos que tendría que remitir a las personas que se le indicaran a través de un sistema de envío rápido.

Después de haber realizado otras operaciones similares, en abril de 2010, la mujer recibió en una cuenta tres transferencias por importes de 2.998, 2.997 y 1.650 euros "que habían sido ordenadas fraudulentamente por personas no identificadas con cargo a la cuenta corriente" de otra persona, según la resolución.

Entonces, indica la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la acusada hizo dos extracciones "a sabiendas del origen delictivo de esas cantidades o sin efectuar gestión alguna para comprobar su posible procedencia ilícita, dado el carácter inequívocamente sospechoso de la operación".

Según se declara probado, estas dos extracciones las realizó el mismo día y fueron de 3.000 euros. Con esos importes, "previo descuento de una comisión para si de 150 euros por cada una de ella", realizó dos envíos, ambos de unos 2.850 euros, a través de empresas especializadas para ello.

Por contra, "no consta cuál fuera el destino final de los otros 1.650 euros que le fueron transferidos a la acusada, que, al parecer, hizo suyos". La entidad bancaria restituyó al perjudicado los 7.600 euros defraudados. Por estos hechos, se le condena por un delito de blanqueo de capitales a la pena de seis meses de prisión.

Además, se le impone una multa de 7.600 euros y que indemnice a la entidad bancaria con 1.900 euros. La acusada se mostró de acuerdo con los hechos y con las penas solicitadas por el ministerio fiscal, al igual que hizo posteriormente su defensa, por lo que se dictó una sentencia de conformidad, que ha sido declarada firme.